Manifiesto en defensa de la Educación Superior Pública en Chile

La educación chilena -y muy particularmente la Educación Superior- enfrenta hoy una convulsionada situación de tomas y paralizaciones  a lo largo del país, poniendo en tela de juicio y en el debate público su calidad y equidad para responder adecuadamente a las aspiraciones de millares de jóvenes chilenos.

Se requiere que la educación chilena permita a estos jóvenes acceder a una formación que los prepare para enfrentar los crecientes desafíos de un mundo globalizado, incierto y complejo, en coherencia con los requerimientos de una nación que intenta alcanzar un desarrollo sustentable para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos con mayor equidad y bienestar social.

En este complejo escenario nacional e internacional, la educación juega un rol fundamental, y es deber de todo Estado cimentar un sistema educacional de calidad, pero sobre la base de igualdad de oportunidades, con el fin de brindar similares posibilidades a quienes aspiran a seguir estudios superiores.

Hoy más que nunca, la educación chilena en todos sus niveles requiere de un gran debate nacional con la participación de todos los actores involucrados -gobierno, legisladores, rectores de universidades, profesores, estudiantes y padres- con el objetivo de buscar consensos que nos permitan encontrar las soluciones educacionales que nuestra nación merece. No debemos restar esfuerzo alguno en pos de alcanzar un sistema educacional de calidad, pero al mismo tiempo, justo y equitativo.

Algunos puntos que creemos necesario incorporar en este debate son la nueva reforma de la Educación Superior planteada por el Ministerio de Educación, en lo que respecta a la asignación del aporte fiscal indirecto, el cual ya no será asignado directamente a las universidades, sino a los estudiantes; la regularización por parte del Ministerio de Educación, de los requisitos de ingreso a la educación superior; la democratización de los procesos  de toma de decisiones en las universidades estatales.

Respecto de los puntos señalados en el párrafo precedente, nuestra posición es la siguiente:   

• Paradójicamente reasignación del aporte fiscal indirecto  no hace más que profundizar la crisis de las universidades estatales, favoreciendo la privatización de éstas, y poniendo en riesgo la continuidad de las universidades públicas, y particularmente la de las universidades regionales. 

• La regularización por parte del Estado, a través del Ministerio de Educación, de los requisitos de ingreso a la Educación Superior, especialmente la que se aplica a las universidades del Consejo de Rectores, genera una evidente desigualdad tanto en los procesos de admisión a la educación superior, como en la gestión institucional, limitando así las posibilidades de crecimiento y desarrollo de éstas en una concepción predominantemente mercantilista.

• Creemos firmemente que la democratización de los procesos de toma de decisiones en las universidades estatales, y particularmente en la Universidad Arturo Prat,  permitirá generar un espacio de participación de todos los estamentos en actos eleccionarios relativos a la gestión universitaria,  lo que  favorecerá   el compromiso de la comunidad universitaria en un tema tan sensible como lo es la calidad de la educación.   

Los académicos del Departamento de Educación y Humanidades de la Universidad Arturo Prat, congruentes con sus principios de defensa de la Educación Superior Pública Chilena, respaldamos y hacemos propio el clamor de nuestros estudiantes por rectificar las desigualdades que el actual sistema educacional genera, con la consecuente desesperanza de millares de hogares chilenos que hacen un gran esfuerzo económico por financiar los estudios de sus hijos. Esperamos que -ahora sí-  se mire a la educación con visión de Estado. La educación es un derecho inalienable de todo ciudadano, derecho que se ha establecido  permanentemente en nuestra Constitución; y es deber de todo Estado garantizarlo. Los estudiantes chilenos se merecen una educación pública que compita en igualdad de condiciones con la educación privada; de lo contrario, la brecha de desigualdad seguirá ampliándose, con los riesgos que ello implica para la cohesión social de nuestra nación.