Declaración Pública del Consejo Nacional de Decanos de Educación del Cruch
En relación al gran debate nacional que requiere la superación de la crisis actual de la educación chilena, los Decanos de las Facultades de Educación del Consejo de Rectores estimamos oportuno enfatizar las siguientes ideas resultantes de una reflexión de larga data y que han sido de público conocimiento:
Diversos actores sociales buscan reivindicaciones y cambios en distintos ámbitos, que de manera implícita expresan el deseo de una sociedad distinta basada en la equidad de oportunidades, la preocupación por sus ciudadanos, el desarrollo armónico y sustentable del país, la inclusión y la profundización de la democracia, todas ellas características sustantivas de una sociedad del conocimiento fundada en valores humanistas.
En este escenario, reconocemos y asumimos que el movimiento social aspira a avanzar en cambios estructurales, que permitan pasar de una sociedad que vive de los commodities a otra que base su desarrollo en el potencial de la mente de sus ciudadanos educados con calidad y equidad.
La sociedad del conocimiento, humanista y democrática, muestra un camino claro al optar por una educación de calidad para todos, financiada socialmente a través del Estado, donde la ganancia económica en este sector no tiene lugar.
Además, la educación de calidad financiada a través del Estado permite al país captar plenamente su potencial intelectual garantizando que ese potencial se transforme en desarrollo.
La educación como bien público, respecto del cual el Estado no puede asumir un papel subsidiario sino de responsabilidad estratégica directa, garantiza el fortalecimiento de la democracia, mejora la convivencia y libera la capacidad creadora que posee el país, la cual hoy está inhibida por las tensiones propias de las desigualdades sociales.
En relación a la educación superior, la experiencia internacional muestra que ella requiere de una clara regulación de la oferta, ser orientada a asegurar la calidad y, por cierto, de una adecuada distribución de recursos y fondos basales, atendiendo en ello a una justa distribución territorial con el consecuente resguardo de la soberanía que esto conlleva.
La educación superior requiere además una planificación a largo plazo que le permita asegurar las condiciones para que la formación de los estudiantes en las distintas áreas del saber se desarrolle conjuntamente con procesos de aprendizaje en democracia, para la democracia.
Otra condición para el desarrollo de la comunidad universitaria es el desahogo de las tensiones que genera el endeudamiento de sus alumnos, situación que a la larga provoca una disgregación social que no permite el desarrollo del país.
Al mismo tiempo es importante liberar al sistema de educación superior y a su conjunto de las tensiones que implica reconocer a instituciones con fines de lucro que puedan competir por los recursos del Estado. Esto, en la práctica, imposibilitaría una sana convivencia en el sistema universitario.
Por tanto, se trata de buscar una solución al conflicto y potenciar el desarrollo del país en desmedro de los intereses personales.
Los principios señalados anteriormente han sido orientadores del trabajo del Consejo de Decanos, el que, en los últimos años, ha impulsado iniciativas tan importantes como: la acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, la creación de un fondo especial para investigación en el aula (FONIDE), la especialización para docentes en ejercicio en educación básica a través de postítulos, así como el programa INICIA, de formación de profesores, que contempla estándares para la formación inicial, un fondo para la misma y una prueba para sus egresados. Nos impacta, en este último punto, que no se estén respetando los acuerdos que tenía el programa original de Inicia, los que fueron, en su momento, ampliamente discutidos con la ex Ministra Jiménez. A cambio de éstos, lo que se ha obtenido es incertidumbre en torno a los estándares y un preocupante cambio en la figura de los fondos, originalmente orientados a fortalecer la formación docente en las universidades públicas, por convenios de desempeño abiertos a cualquier institución de formación de profesores, incluyendo aquellas con fines de lucro.
Por último, pedimos que entre a revisión del parlamento el proyecto de ley sobre la creación del examen de excelencia profesional docente y de asignación de excelencia pedagógica inicial. Creemos, no obstante, que dicho proyecto no ha sido debidamente socializado con los organismos técnicos y representativos de la sociedad y que también aquí hay que abrir el debate.
En educación, por su carácter estratégico y por aunar voluntades, más que en ningún otra área, son necesarios los consensos basados en el diálogo y en el convencimiento que lo que se está haciendo es en beneficio de todos.
Chile, 10 de julio del 2011