Colchane en el centro de la noticia: la crisis con rostro humano

Esta semana el pueblo de Colchane, ubicado en la provincia del Tamarugal de la región de Tarapacá en el límite internacional que separa a Chile y Bolivia a 3650 m.s.n.m, se ha convertido en el centro del interés nacional debido a la crisis migratoria de venezolanos y venezolanas. La comuna tiene poco más de 1700 habitantes, pero en el pueblo habitan poco más de 248 personas, según datos del censo de 2017. A pocos metros se encuentra el Complejo fronterizo donde diariamente cruzan camiones con mercancías provenientes fundamentalmente de la Zona Franca de Iquique con destino a Bolivia, Paraguay y Brasil. Por el complejo ingresan, hasta la pandemia, los buses o “flotas” -como les llaman en Bolivia- con pasajeros, muchos de ellos pequeños comerciantes bolivianos, trabajadores y turistas. Hoy el flujo está abierto para las mercancías, y cerrado para las personas debido al cierre sanitario de la frontera. En paralelo y, hasta hace poco, era posible ver el tránsito de lugareños, la mayoría aymara, que cruzan desde Colchane y Pisiga Carpa hacia Pisiga Bolívar en Bolivia y viceversa. Ello porque el complejo se ubica en territorio ancestral que fue dividido por la frontera internacional, pero los aymaras mantienen la costumbre de circular más allá de las restricciones que les impone el límite.

La crisis económica y política de Venezuela y la vulneración de los derechos humanos de sus nacionales de parte del gobierno de Maduro  ha provocado, lo que se prevé como la diáspora más grande en la historia de América Latina y posiblemente mayor a la Siria en Oriente medio. Más de 5 millones de venezolanos y venezolanas ya han salido de su país y se estima que esta cifra pueda llegar a los 7 millones. Ellos y ellas son parte del fenómeno migratorio que se instaló en Chile en los años 90, con la llegada de población latinoamericana y luego caribeña, y que se aceleró desde el 2017 a la fecha. La mayoría de los migrantes latinoamericanos que han llegado al país lo hicieron por vía terrestre, preferentemente por Chacalluta y ahora por Colchane. Sin embargo, la pandemia del COVID ha provocado el cierre de las fronteras y un aumento de la vigilancia sanitaria en un cruce entre del control migratorio y control sanitario. Es en este contexto es que se produce la crisis migratoria en el pueblo de Colchane donde, desde el año pasado, han cruzado muchos venezolanos por los costados del complejo, pero a principios de semana la situación se desbordó. Llegaron más de 1600 personas que colapsaron a un pueblo que no cuenta con supermercado, alcantarillado ni luz eléctrica continua y que tiene una posta para atención rural, una comisaría de carabineros y una pequeña antena de internet cuya señal es intermitente. El alcalde del poblado se ha negado a convertir al pueblo en un campo de refugiados, invocando la protección de su gente y del territorio sagrado, e interpelando a las autoridades regionales y centrales para que se hagan cargo del problema. Así los recién llegados se acomodan donde pueden; en la plaza del pueblo y en cualquier rincón que les dé un poco de cobijo. Con el poco equipaje que traen, han tenido que soportar temperaturas bajo cero por la noche, extrema radiación durante el día y las lluvias del invierno altiplánico. Hay muchos niños y niñas e incluso bebés de meses de vida que no cuentan con pañales, leche y alimentos. Llegan exhaustos por el largo viaje algunos desde Venezuela, otros desde Perú, Colombia o Ecuador. Se trata de trayectos fragmentados, algunos iniciados hace semanas y otros hace años, probando suerte, trabajando ocasionalmente, pero la pandemia los dejó sin trabajo. Los recursos que traían los han usado para pagar a pasadores en las fronteras, sobornos y sobreprecios en el transporte local de cada país. Muchos de ellos cuentan con familia en Chile y por eso no dudaron en venir. Volver a Venezuela no es opción, nos cuentan, allá el gobierno de Maduro los ha catalogado de traidores y de portadores del COVID, impidiendo el retorno para quienes quisieron devolverse. De modo que, como nos dijo uno de ellos en la plaza de Colchane: vamos a “darle cara la vida” y seguiremos hasta llegar al destino.

Hace una semana la comisaría de carabineros de Colchane montó un pequeño campamento en su patio, con apoyo de la OIM y con material de emergencia de la institución. Allí pueden alojar 150 personas, se prioriza a las mujeres con niños, a los adultos mayores y quienes sufren alguna discapacidad. Se trata de una iniciativa propia porque como nos relató el comisario “se nos está muriendo las personas” y la alcaldía no ha dispuesto espacios como el gimnasio o la cancha deportiva para alojamiento. Los recién llegados cargan sus pertenencias en maletas, bolsos y mochilas, lo suficiente para poder caminar o arrastrar. Apenas llegan se dirigen a la comisaría para hacer la “autodenuncia” por ingreso por paso no habilitado. Carabineros oficia esta acción a Fiscalía, PDI, Gobernación provincial y Seremi de Salud. Luego, la seremi de salud elabora un listado para trasladar a las personas hacia residencias sanitarias en Iquique. Sin autodenuncia no existe posibilidad de acceso al examen PCR y el traslado a una residencia sanitaria o un albergue. Ellos y ellas, esperan en Colchane con la ilusión de que el trámite es suficiente para ingresar al país y activar el protocolo sanitario. Allí les toca esperar días incluso semanas para ser llamados a viva voz en el portón complejo fronterizo, distante a 1 kilómetro y medio desde la plaza, donde todos los días arrastran sus pertenencias. Allí esperan a pleno sol, amontonados, sin distancia social, pero con mascarillas y en una organización respetuosa a cargo de líderes que colaboran en el proceso con la SEREMI de salud y la PDI. Se instalan desde temprano, organizan la recogida de basura y aplauden a los nominados para bajar. Saben que les espera, al menos una cama y alimento diario, mientras dure la cuarentena, y luego podrán retomar la ruta como sea. Pero también es un momento duro porque las autoridades privilegian a los más vulnerables, especialmente mujeres con hijos, produciendo la separación de las familias. Mientras esto ocurría en Colchane, en Iquique se produjo la expulsión de 138 venezolano/as en un montaje mediático del gobierno que generó mucha incertidumbre entre quienes esperaban ser llamados para bajar a Iquique.

En nuestro terreno pudimos constatar que quienes están en el día a día en el pueblo de Colchane saben que las expulsiones y la militarización de la frontera no es la solución. Los pronósticos indican que estas medidas, lo único que van a provocar, es la búsqueda de otras rutas, más al sur en peores condiciones y que renuncien a la “auto-denuncia” por temor a la deportación. Se trata de un fenómeno complejo, pero se requiere aunar voluntades y coordinar esfuerzos, porque las soluciones al problema van por distintas vías y por distintos niveles. A nivel internacional una de ellas es la firma del Pacto Mundial sobre Migración para salir de la mirada securista con que se ha gestionado el fenómeno migratorio. La militarización de la frontera sólo ha venido a vulnerar los derechos del pueblo aymara que históricamente ha circulado por el territorio donde la frontera vino a dividir su comunidad y tensionar la relación entre habitantes y recién llegados. Otra es la coordinación entre gobiernos latinoamericanos en clave humanitaria que permita promover medidas protectoras de las personas migrantes. Un caso modélico fue la regularización temporal que recientemente implementó Colombia lo que permitió el despliegue de ACNUR y la protección de los derechos.  A nivel local, la mayor queja de las autoridades municipales es el centralismo en la toma de decisiones y la no consideración de la experiencia de quienes están en terreno intentado resolver los problemas con recursos limitados. Ello evitaría, por ejemplo, la colisión de derechos entre comunidades ancestrales y de lo/as migrantes y la elaboración de una política conjunta con pertinencia regional que reconozca las particularidades del territorio. Cerrar la frontera es una ilusión que sólo sirve para allegar votos a un electorado que muchas veces maneja información errónea y parcial. Por último, una campaña sensibilizadora y derribadora de mitos es fundamental para evitar los brotes xenófobos y el racismo que sólo llevan a oponer a las personas en juego perverso entre legítimos e ilegítimos en el acceso a derechos.

Las migraciones nos interpelan y nos invitan a pensar en la sociedad que somos, como señala Coordinadora Nacional de Inmigrantes en su campaña “frente a la crisis humanitaria y la pandemia, la respuesta debe ser humanidad y no criminalidad”.

Marcela Tapia Ladino, Directora del Instituto de Estudios Internacionales INTE Universidad Arturo Prat

Romina Ramos Rodríguez, Directora del Núcleo Criminológicos de la Frontera NECfron, Universidad Arturo Prat

Daniel Quinteros Rojas, investigador del Núcleo Criminológicos de la Frontera NECfron, Universidad Arturo Prat

*Este terreno fue financiado gracias a los FONDECYT 1201130, 1201054 y 11200244.