Claudio Sanhueza Arratia, Académico de Kinesiología en UNAP Sede Victoria: las grietas del sistema de seguridad social de salud pública y privada en Chile, ¿sistemas de restricción dual?

“La Seguridad Social en Chile, provee de derechos a los trabajadores/as independientes y dependientes, activos o pasivos, ante las contingencias sociales en salud, como enfermedad y embarazo. Es un sistema mixto, que contempla entidades como la red Pública y Privada de Salud”. Así al menos lo define la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno -o, mejor dicho, del Estado de Chile- sin enmascararse en una administración en específico.

Si entendemos la salud pública como toda acción colectiva, o ya sea, de la sociedad civil y/o del Estado, esta es impulsada hacia un objetivo en común: mejorar la salud poblacional. Sin embargo, algunos autores “deforman” esta definición, haciendo mención de que la salud pública es tan moldeable según el contexto sociopolítico que esté viviendo el país (Sarmiento, 2013).

Claramente, lo anterior se aleja un poco del ideal expuesto por Winslow, quien menciona a la salud pública como “el arte y la ciencia de prevenir las enfermedades, recuperar la salud y evitar las consecuencias de la enfermedad, mediante la acción colectiva de la población”, o sea, engloba a la población como a un ente participativo-activo dentro de su propio bienestar sanitario, pero ¿es el sistema público capaz de sostener las necesidades sanitarias de esta población? ¿O es más bien restrictivo y limitante a la hora de otorgar seguridad social en cuanto a la cobertura requerida?

Por otro lado, tenemos el sistema de salud privado en Chile, cubierto principalmente por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), las cuales no están exentas de estas grietas tan visiblemente expuestas -a priori-, a pesar de que ambos sistemas cubren actualmente 85 enfermedades mediante el Régimen General de Garantías Explicitas de Salud (GES). De hecho -y en teoría-, “los y las pacientes pueden asegurar la atención desde la sospecha y la confirmación diagnóstica hasta el tratamiento y posterior seguimiento y control del problema de salud, dependiendo de la patología” (ChileAtiende).

Sin embargo, efectivamente el gran sistema de seguridad social de salud en Chile, redistribuido en dos grandes protagonistas, el público y privado, y democratizados en un único sistema garante de estas coberturas sanitarias anteriormente mencionadas, es el que se auto presenta con algunas brechas dentro de su estructura interna; esto, si “hilamos un tanto más fino”. Por ejemplo, si bien el sistema GES considera dentro de sus coberturas a las “enfermedades complejas”, hasta hace algún par de años, no consideraba de manera explícita a las “enfermedades infrecuentes o raras”, ni mucho menos, el coste de la medicación per se de estas o la protección desde una mirada integral y sanitaria a este porcentaje de la población, considerando gastos catastróficamente desbordantes para familias con ingresos por debajo de la media a nivel nacional (Informe de Desarrollo Social, 2019).

Sin ir más lejos, y remontándose al año 2014, claramente fuimos testigos de la “marcha de los enfermos”, en donde cerca de 10.000 personas (entre ellos, el comunicador Ricarte Soto) se movilizaron frente a este sentimiento y realidad inerme desde un punto de vista económico-sanitario, bajo la consigna “los enfermos también marchan”, en donde se logró el levantamiento de fondos universales de salud que apalancaron el financiamiento de tratamientos médicos de alto costo, dando génesis a la Ley N° 20.850 -conocida como la Ley Ricarte Soto- en donde su principal protagonista, murió de cáncer en plena lucha por un fondo nacional que “amortiguara”, al menos, con un cofinanciamiento de medicamentos asociados a enfermedades “poco frecuentes o raras” (entiéndase también la cronicidad de algunas).

Sigue siendo curioso -bajo la premisa anterior- que hoy en día, y mediante consignas y movilizaciones sociales como la mencionada, se solicite algo que “debería estar cubierto”, o al menos, eso es lo que indica la Organización Mundial de la Salud (OMS): “la Cobertura Sanitaria Universal (CSU), implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos”; siendo algo paradójico en su interpretación.

Por otro lado, la dualidad del sistema de seguridad social de salud en Chile permite entender sus diferencias. Por ejemplo, en el caso del sector público, es preciso restar el gasto efectuado en inversión, salud pública y licencias médicas; mientras que en las ISAPRES, se precisa descontar el gasto destinado a licencias médicas, administración, ventas y utilidades, a la vez que se debe agregar el copago efectuado por los usuarios del sistema privado.

Al mismo tiempo, los sistemas privados de salud de Chile segmentan a la población según su nivel de riesgo latente; por ejemplo, a mayor riesgo, mayor “discriminación asignada”, y el valor de la prima también asciende, a diferencia de una persona con bajo riesgo clínico-sanitario, en donde la cobertura ofrecida será más baja. Por tanto, los valores -comerciales- serán proporcionales a su nivel de riesgo (CEPAL) como un cruel aforismo: “yo solo juego con mi vida, nunca con mi dinero”. Finalmente, ¿es moralmente prudente cuestionar la “equidad” de este sistema de dualidad existente en nuestro país? Claro que sí.

Avanzando unos 11.000 kilómetros por el globo, nos encontramos con la lucha -lograda, ganada y en actual desarrollo, por supuesto- por un sistema universal de salud del país del “Museo del Prado”, España, en donde el sistema -primario- de salud es gratuito, público y universal; esto, considerando consultas, medicamentos, asistencias clínicas y acceso a servicios de urgencias, entre otros, siendo no directamente la población quien paga por el servicio prestado, si no que más bien, parte del producto interno estatal se inyecta al área sanitaria, considerando por ejemplo, la inyección de más de €500.000.000 para medicina personalizada, e incluso, siendo potenciada desde el Ministerio de Innovación y Desarrollo de la nación, considerando, al mismo tiempo, a la investigación e innovación como un eslabón fundamental a la hora del desarrollo sociosanitario de un país, solo por dar un ejemplo entre otras naciones del viejo continente.

Claro está que también existe el sistema privado de salud, pero este se considera como parte de la elección a libre demanda de quien lo prefiera, siendo resguardado en todo momento por el sistema público de salud, el cual aún se encuentra en constante desarrollo y cubrimiento de especialidades médicas, por cierto.

Finalmente, y considerando las restricciones de oferta del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y la híper selección y sobrecosto integrado de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), es que se hace imperioso en la conversación la reestructuración de un sistema de salud contenedor y resguardante, tema que se encuentra actualmente en la agenda constituyente, considerando un sistema universal de salud; el cual, de alguna u otra forma, debe ser capaz de sostener las necesidades sanitarias de la población chilena y considerar, por supuesto, los desafíos pendientes.