Declaración Pública de Académicos del área de educación del CUECH

Los académicos y académicas de las Universidades del Estado que nos dedicamos a la investigación en educación y a la formación de los futuros profesores y profesoras del país, junto con condenar las violaciones a los Derechos Humanos de las que hemos sido testigos durante los últimos días, consideramos que el actual escenario de demandas de la ciudadanía implica una necesaria y profunda transformación en el ámbito de la educación.

Han sido precisamente los y las estudiantes chilenos/as quienes han instalado estas demandas desde hace más de una década. Es tiempo que el mundo académico en educación responda a este llamado, para generar una voz y un discurso organizado, que contribuya con propuestas de cambio en esta área. Para ello se requiere abandonar las lógicas de criminalización del estudiantado, promovidas desde el gobierno en los últimos meses y comenzar a considerar a los y las escolares como sujetos políticos cuya perspectiva es válida y necesaria para el diseño de una nueva educación para Chile.

Una transformación seria y profunda de la educación chilena conlleva una superación de las lógicas de mercado a las que se ha sometido a la educación pública nacional desde la dictadura, las que se han profundizado en los gobiernos de las últimas décadas, ya que han contribuido únicamente a su empobrecimiento, y a una creciente privatización del sistema. En este sentido, proponemos un replanteamiento genuino y a largo plazo de la educación chilena, lo que requiere, al menos, considerar los siguientes aspectos:

1. Cambios constitucionales que devuelvan al Estado su responsabilidad por la educación pública para todos y todas en su diversidad, sin jerarquías entre escuelas a partir de lógicas selectivas, y con un sentido de excelencia integral, no equivalente a resultados en pruebas.

2. Generar condiciones estructurales y laborales adecuadas para promover una buena educación pública.

3. Modificar el actual sistema de financiamiento (sistema de voucher por estudiante matriculado) por otro que garantice ingresos suficientes para los costos fijos necesarios para el buen funcionamiento de cualquier servicio público.

4. Eliminar la actual lógica de competencia que se promueve entre establecimientos, entre docentes y entre estudiantes, en base a resultados e incentivos, y promover en su lugar el trabajo en redes y comunidades de aprendizaje.

5. Transformar las actuales políticas y leyes de educación, solucionando sus contradicciones y generando un discurso coherente de proyecto educativo país, orientado a la formación integral de las personas, y con participación en su rediseño por los actores relevantes del sistema (estudiantes, apoderados, docentes, formadores de profesores/as, investigadores/as). Ello implica la revisión de políticas como la LGE, la ley de Subvención Escolar Preferencial, la Ley se Aseguramiento de la Calidad, carrera docente, decretos y leyes asociados a temas de inclusión, cambios curriculares recientes, aula segura, entre otros.

6. Eliminar las consecuencias que la ley actualmente asocia a la aplicación de los sistemas de evaluación, tales como los de carrera docente y el SIMCE, y en particular atender la necesidad urgente de evitar el posible cierre de más de 200 escuelas en 2021, de las cuales 164 son de

dependencia pública. Ello porque no es éticamente correcto ni técnicamente válido tomar este tipo de decisiones sobre la base de pruebas de este tipo.

7. Generar un nuevo sistema de evaluación a gran escala y una cultura evaluativa de orientación formativa, que responda a principios de participación, aprendizaje significativo, diversidad y contextualización, y a una pedagogía actualizada para el siglo XXI.

8. En la educación superior, revisar las lógicas de evaluación y financiamiento de la investigación en el campo educativo-pedagógico, ya que su naturaleza requiere de criterios ajustados a sus propias características, similar a lo que ocurre con áreas como las artes y las humanidades. Se hace necesario también revisar temas de inclusión educacional de estudiantes con realidades diversas, para educarse en lógicas estructurales innovadas, y volver a analizar las lógicas de financiamiento de las universidades estatales.

Tenemos la certeza que dentro de los procesos de transformación que actualmente se están demandando por parte de la ciudadanía, se debe incluir una discusión profunda, democrática y participativa sobre nuestra educación pública, que tienda a su fortalecimiento y no a su destrucción. Ello debe partir por instancias en las que sean los actores relevantes del sistema quienes propongan los lineamientos que se esperan de la educación pública del país.