Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana presenta propuestas para enfrentar la crisis migratoria en Chile
El Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana, formado por una alianza entre el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (USACH); el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat; y el Centro Fernando Vives SJ de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), y apoyado por la Oficina en Chile del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Embajada de Francia, presenta su más reciente investigación: “Chile ante la crisis humanitaria y los desplazamientos forzados: Propuestas para abordar la situación de las personas en búsqueda de protección internacional”.
Se trata de un policy paper, que además contó con la colaboración de la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, y la Asociación de Venezolanos en Chile (ASOVEN Chile); donde se presentan una serie de propuestas dirigidas a fortalecer las capacidades del Estado de Chile para abordar el flujo de personas que arriban al país en búsqueda de protección internacional debido a los procesos de desplazamiento forzado.
Patricia Rojas, Presidenta de ASOVEN Chile comentó: "estamos complacidos de haber colaborado en la difusión de la consulta a las personas migrantes y refugiadas en el país y consideramos que el documento es un instrumento que evidencia la necesidad de avanzar en la protección internacional de personas en movilidad forzosa y que además toma en cuenta el impacto de la crisis humanitaria en las comunidades de acogida” tras participar como comentarista en este proyecto. “Se trata de un documento que desde data dura hace recomendaciones y propuestas para la construcción de la política migratoria nacional y sube el nivel del debate sobre la materia" puntualizó.
En este sentido, las propuestas buscan fortalecer la participación ciudadana en políticas de protección internacional, potenciar la intersectorialidad entre las diferentes instituciones del Estado y articular una coordinación internacional a nivel latinoamericano que permita abordar las consecuencias de los desplazamientos forzados, que devienen de conflictos y crisis sociales, económicas y medioambientales.
Bajo esta línea, las propuestas buscan delimitar el rol que debería tener la institucionalidad estatal ante este fenómeno; definir el rol del Estado en la promoción de la coordinación internacional para acoger y dar respuesta a las personas que migran por razones humanitarias; abordar la preparación de Chile para afrontar procesos de desplazamiento forzado producto del cambio climático; y definir cómo se puede articular la sociedad civil y el Estado para asegurar a la ciudadanía mecanismos de participación en el levantamiento de políticas públicas.
Pablo Roessler Coordinador del Comité de Gobernanza del Observatorio de Migraciones y Movilidad Humana y jefe de Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, se refirió al trabajo detrás de la redacción del policy paper: “estas propuestas representan un trabajo conjunto entre la academia, la sociedad civil y la comunidad migrante, buscando aportar a que el Estado pueda extender las protecciones que la ley encomienda a aquellas y aquellos que más las necesitan”.
Por su parte, Daisy Margarit, Directora de Magíster de Ciencias Sociales USACH y Académica del Instituto de Estudios Avanzados, señala que la intención de estas propuestas es “avanzar hacia un modelo de gestión de la migración basado en la corresponsabilidad, y la solidaridad, que permita movilizar a la sociedad civil y la institucionalidad de los Estados en el pleno reconocimiento de los migrantes como sujetos de derechos humanos”.
Al mismo tiempo, recalcó que, “este documento de política, espera constituir un aporte para la profundización en el conocimiento del fenómeno de la migración y movilidad humana. Además, se espera poder incidir en las políticas públicas que impactan en el reconocimiento de los migrantes, por ello, buscamos con este aporte, fortalecer el intercambio de miradas y enfoques, entre la sociedad civil y la institucionalidad del Estado”.
El texto, publicado el 27 de septiembre, está disponible en su versión online en el sitio web.
Policy Paper aquí.
