Fortalecer la institucionalidad de género, transformar los marcos jurídicos y fomentar la educación de las mujeres, en especial en sus primeros años, fueron algunas de las conclusiones que entregó la doctora Antonia Santos, en la exposición que realizó ante 25 representantes de empresas públicas y privadas y que organizó la Comisión de Relaciones Laborales de la Red Pacto Global que impulsa las Naciones Unidas (ONU).

El encuentro, denominado "Empoderamiento de las Mujeres y Equidad de Género", permitió que la investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y que labora en el Centro Docente y de Vinculación de la UNAP Santiago, presentara a través de dos sesiones, realizadas en el edificio corporativo de la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), la realidad latinoamericana frente a la elaboración de políticas públicas en ámbitos de género.

Durante la última sesión, la académica enfatizó en el frustrado intento de equidad, que pretendió establecer la Presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), indicando que "no se tuvo la comprensión ni sensibilidad para ejecutarlo". Indicó que uno de los principales problemas que existe en la aplicación de políticas públicas con enfoque de género, se debe a que las mismas mujeres que integran la élite, restan valor a la importancia de establecer cuotas de paridad, al asumir que el esfuerzo "es la base para alcanzar un avance, tal como lo hicieron ellas".

Precisó que, pese a que el 40% de la población es gobernada por mujeres en Latinoamérica, no se ha mantenido una paridad laboral y de autonomía económica, ejemplificando que en el ámbito minero la participación de la mujer no supera el 10%. En lo político y civil indicó que Chile, se ubica detrás de naciones como Bolivia y Uruguay, que han establecido leyes de paridad en lo político, alcanzando casi una relación del 50% en representación electoral.

Estableció como elementos claves para alcanzar una relación equilibrada entre hombres y mujeres, el fortalecimiento de la institucionalidad de género, la transformación de marcos jurídicos, como también el fomento a la educación de las mujeres y la corresponsabilidad, garantizando además el derecho en salud reproductiva y sexual.