Proceso de Paz en Colombia y propuesta migratoria analizó jurista en inauguración de magíster del INTE
Como un paso que permite seguir consolidando al INTE-UNAP, como un referente a nivel nacional y latinoamericano, calificó la directora de esta institución, doctora Marcela Tapia Ladino, el desarrollo del Magíster en Estudios Internacionales y Relaciones Transfronterizas, durante la inauguración oficial de este programa.
La actividad, realizada en la sala R2 del edificio de Rectoría, contó con la asistencia de la vicerrectora de Investigación, Innovación y Postgrado de la UNAP, doctora Margarita Briceño Toledo y tuvo como expositora a la abogada colombiana, Ariana Benito-Revollo, quien presentó la ponencia "El uso de instrumentos internacionales como fuente de materialización de derechos fundamentales".
Durante su intervención, la jurista analizó los marcos que establece el Derecho Internacional y que ha permitido servir como espacio de acuerdo, entre las Farc y el Estado Colombiano.
Explicó que el proceso de justicia transicional, es un proceso alternativo y temporal, motivado en la necesidad que tiene el país de avanzar en la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional, permitiendo a las personas que integran los grupos al margen de la ley ,su reincorporación a la sociedad mediante la imposición de penas alternativas menores a las penas.
Precisó que si bien, organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, han criticado el sistema aplicado en ese país, catalogándolo como un acuerdo con "tintes de lesa humanidad, siempre existe una cuota de sacrifico en un proceso de negociación".
Frente a la situación chilena, Ariana Benito-Revollo, opinó que la Ley de Extranjería requiere de una transformación, facilitando los instrumentos para una reforma migratoria, a través del fortalecimiento de un organismo interinstitucional, permitiendo así que nuestro país se ponga a la vanguardia en la región, a través de un marco legal, "que acoja a la migración como un crecimiento y no como amenaza".
Sentenció que existe un consenso generalizado entre expertos y autoridades vinculadas a temas migratorios, que el marco normativo vigente en Chile está sobrepasado y obsoleto para enfrentar el desafío de la gobernabilidad migratoria.