Nuestra sociedad tiende a relativizar acciones y adjudicar culpas a instituciones que por su carácter público y libre pensador, son utilizadas como "chivos expiatorios" para evadir el real problema que atraviesa al país, como es la desigualdad.

Pese a contar con innumerables avances tecnológicos, que facilitan nuestra vida, como sujetos gradualmente nos hemos deshumanizado frente al dolor ajeno, actuando con indiferencia en algunos casos y en otros con violencia.

Pues bien, esta violencia, a mi juicio, hoy reviste de un carácter transversal, empujado por un sistema no representativo socialmente y que de forma tradicional se radicaliza a través de actos delictivos o violentos, no solamente físicos, sino también sicológicos y verbales.

Quienes creen que la delincuencia acaba con una mayor dotación policial o que el problema de todos los males son los migrantes o que las universidades públicas son espacios donde impera la anarquía y el desorden, "solo tapan el sol con un dedo" y pretenden que a través de políticas asistenciales, el sistema gire y enmiende su rumbo.

El problema de la violencia hoy reviste de un carácter intersubjetivo, donde desafortunadamente casi siempre lo aloja la desigualdad.

La frustración y dolor de no ser como el modelo económico representa al canon de éxito o la intolerancia de escuchar al otro como un yo, son pan de cada día en nuestra vida, acentuándose, tal como indica Alain Brossat, la acción en la protección y sustracción, dificultando la existencia de una sociedad como comunidad, padeciendo de fobia al contacto físico y vulnerabilidad emocional, imponiéndose siempre como solución, las premisas de protección y seguridad.

Hoy más que nunca, las instituciones estatales y quienes las representamos, debemos abordar de manera profunda las razones del por qué avanzamos hacia una sociedad sustentada en la violencia, como modo de resolución de conflictos y definir el rol que tienen los políticos, ya que como establece la politóloga chilena Marta Lagos, la legitimidad democrática no se logra solo por medio de las instituciones, sino también por la capacidad de los actores sociales y políticos de formular políticas públicas influyentes y conectadas con las necesidades ciudadanas.