Gratuidad un derecho

De acuerdo al Ministerio de Educación, un año más de gratuidad para los 27 mil estudiantes a lo largo del país, que se atrasaron en sus carreras y  quedarían sin este beneficio,  involucraría una inversión de 57.750 millones de pesos, monto que equivale a la mitad del financiamiento que requiere el proyecto de ley que creará una subvención para la educación parvularia. No obstante, frente a estas dos grandes necesidades, vemos en los medios de comunicación que se ha decidido invertir 50 millones de  dólares en el rebautizo del Transantiago a Red, iniciativa que desde sus inicios y bajo todos los gobiernos ha costado a los chilenos miles de millones de pesos.

Frente a estas inversiones que realiza el ministerio de Educación y las prioridades que determina el Gobierno, cobra validez el argumento que se retrasa para satisfacer las necesidades de las  regiones y el país, la formación de un capital humano invaluable.

En la Universidad Arturo Prat esta situación afectó a 315 estudiantes quienes al exceder los años formales de estudio perdieron la gratuidad. De ellos,  231 se han matriculado, debiendo la Institución asumir el  financiamiento del 50% indicado por la Ley de Educación Superior.

Ante esto es claro,  que esta normativa es perfectible, por lo tanto nuestro deber es llamar la atención de las autoridades para corregirla, asegurando el acceso y permanencia real en la educación superior estatal. No puede ser que la solución radique en que los estudiantes busquen financiamiento y se endeuden en la banca privada, o que las Universidades Estatales Regionales, que recibimos un aporte Fiscal Directo exiguo,  asumamos los costos de continuar formando a estos jóvenes.

Este perjuicio a los estudiantes que provocará también una merma en las Universidades Estatales ya que deberán financiar el 50% de las carreras, se sumará al hecho de que habrá una disminución en los recursos del Estado a nuestras instituciones a partir de este 2019.

La situación es compleja y podría llevar a las Casas de Estudios Superiores del Estado a realizar una inversión menor, generando todo esto  un problema grave en formación de capital humano regional, ya que por ejemplo el 90% de los jóvenes que se forman en la UNAP  son de la Región de Tarapacá.

Somos una universidad pública  y regional cuyo compromiso social está plasmado en su quehacer, pero solamente podremos cumplir con esta misión con el apoyo del Estado.