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Chile en América Latina: Más y mejor democracia
La sociedad chilena se manifiesta en defensa de los Derechos Humanos bajo el lema #NoMásAbusos el 27 de octubre de 2019 en Santiago (Chile)
La protesta social y las demandas ciudadanas han irrumpido en Chile de forma abrupta. Manifestaciones pacíficas multitudinarias, saqueos a supermercados, barricadas, quema de autobuses y trenes de metro, junto con la respuesta del Gobierno decretando el Estado de Sitio y Toques de Queda, con patrullas del ejército recorriendo las calles… Todo ello levanta un escenario donde se expresa el malestar social del país. Un estallido social que resulta incomprensible, a priori, en un país-oasis que se distinguía por su estabilidad social, política y económica, expresadas en notables cuotas de crecimiento económico y con el índice de desarrollo humano más alto de América Latina.
Desde la redemocratización política, hace 30 años, el país ha sido administrado con parámetros políticos y económicos heredados de la dictadura. Se configuró en un modelo neoliberal a través de un Estado subsidiario, un híbrido democrático que otorgaba estabilidad política y crecimiento económico, aunque con déficit notorios en el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales. El acuerdo político transicional alcanzado se basó en “democracia en la medida de lo posible”. Se pusieron en marcha mecanismos que garantizasen el acceso a servicios públicos privatizados, pero sin mecanismos de protección social. La integración social quedó mediada por relaciones mercantiles.
Mientras la coyuntura económica internacional fue favorable, Chile creció y se modernizó. En paralelo, los acuerdos políticos entre los dos grandes bloques partidistas garantizaron el mantenimiento de un modelo que profundizaba las desigualdades sociales. Un país inequitativo donde la situación económica privada es la que otorga las posibilidades de reconocimiento e integración social; donde la meritocracia es más discursiva que real, y donde las instituciones públicas están aquejadas de corrupción.
El proceso democrático quedó definido por una alta institucionalidad y una baja participación ciudadana, un pobre debate político y la ausencia de reconocimiento de los derechos sociales. El éxito económico y la estabilidad política incentivaron actitudes autocomplacientes sobre la realidad social y política del país.
Reformas fallidas y descrédito