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Jueves 9 de julio de 2020

Migrantes encarcelados: Necfron UNAP continúa trabajando para defender y velar por sus derechos en medio de la Pandemia

Han sostenido reuniones online con la Dirección Regional y Nacional de Gendarmería, la Subsecretaria de Justicia, el Colegio de Médicos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Penal y están prontos a comenzar a trabajar con la Red Regional de Cabildos.

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La pandemia, el distanciamiento social y la cuarentena total en la Región de Tarapacá no han sido obstáculos para que el Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera (Necfron), de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAP, continúe trabajando en temas migratorios, uno de los cuales dice relación con la discriminación y problemáticas que enfrentan los extranjeros recluidos en las cárceles chilenas.

Daniel Quinteros, sociólogo, Master De Investigación En Criminología y uno de los principales investigadores de Necfron, comenta que durante la crisis sanitaria del coronavirus la discriminación en contra de los migrantes se ha recrudecido en las cárceles chilenas: “Durante la pandemia algunos no tenían acceso a servicios básicos como, incluso, el jabón, recibiendo sólo alimentación”.

El académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas cuenta que junto a otra serie de organismos se sumaron a la iniciativa impulsada por el INDH y la Defensoría Penal, para que se reestablecieran sus derechos fundamentales.

Otra de las críticas que realiza el experto en temas migratorios y fronterizos es la política que los encarcela por meses (en promedio 5 a 6 meses), para luego expulsarlos (as) del país. Quinteros comenta que “el 99% de los extranjeros que ha atendido la defensoría penal ha terminado en la expulsión”.

El sociólogo explica que el año 2012 comenzó a operar una serie de políticas migratorias que tienen que ver con el narcotráfico y que tienen repercusión en el ámbito penal. “La mayor parte de dichas personas (todos los delitos de cruce de frontera con narcotráfico) es detenida por la policía de fronteriza y, como no tienen arraigo en el país, quedan con detención preventiva". El académico dice que, “hemos estado encarcelando a extranjeros/as para luego devolverlos a su país”.

Según cifras dadas a conocer por Necfron, en Pozo Almonte nueve de cada 10 reclusos son bolivianos que están a la espera de su expulsión. Este circuito, asegura, “es tener a un montón de personas esperando que los deporten, personas que en su gran mayoría no tienen vínculos en el país y que por ende, no reciben visitas”.

El académico además recuerda que producto de la pandemia Chile cerró sus fronteras, entonces: “El Estado impone una política, pero ahora los extranjeros no pueden volver a su país, incurriendo así en gastos del Estado para poder sostener su permanencia”.

Por último, el profesional menciona el peligro que enfrentan los reclusos, reclusas y el personal de Gendarmería producto de la pandemia. Según cifras oficiales, “al 18 de junio sólo se han realizado 5.792 PCR en las cárceles de Chile, de ese total, el 14% de los testeados son funcionarios y funcionarias de Gendarmería y un 7% población interna”.

Según el investigador de Necfron, las cifras muestran que la pandemia está descontrolada en las cárceles, “si no hacemos nada estamos al borde de la peor crisis sanitaria carcelaria”.

Quinteros añade que: “Apostar por la inmunidad de rebaño implica asumir un contagio del 60% de la población interna, asumiendo alrededor de unos 200 fallecidos (as), y eso si contemplamos los pronósticos más alentadores”.

En medio de la pandemia, el Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera ha sostenido reuniones online con la Dirección Regional y Nacional de Gendarmería, la Subsecretaria de Justicia, el Colegio Médico, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Penal y están prontos a comenzar a trabajar con la Red Regional de Cabildos.