UNAP lideró implementación de Cabildos Penitenciarios en Región de Tarapacá

Garantizar un proceso participativo en la Convención Constitucional y  asegurar la inclusión de las personas privadas de libertad en igualdad de condiciones respecto a la ciudadanía en general, es uno de los objetivos de los Cabildos Penitenciarios, cuya implementación en Tarapacá ha sido coordinada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat (UNAP).   

La iniciativa es impulsada tras la firma de un convenio de colaboración en enero último, entre la Convención Constitucional, la Subsecretaría de Justicia (del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), junto a Gendarmería de Chile. 

DIEZ CABILDOS  

Al respecto, la coordinadora regional de la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios, Loreto Castillo Collado —quien es profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Casa de Estudios—, señaló que se convocó a 12 voluntarios, entre académicas, estudiantes, egresadas y profesionales, quienes facilitaron la implementación de diez cabildos en el Centro Penitenciario Femenino, y el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la comuna de Alto Hospicio.

 PARTICIPACIÓN 

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAP, Hans Mundaca Assmussen, destacó el aporte de la Institución en esta tarea. “Actualmente la Universidad Arturo Prat está participando en los Cabildos Penitenciarios en la Región de Tarapacá, que constituyen un insumo de difusión del proceso constituyente, en personas que se encuentran sujetas a medidas cautelares en el centro de cumplimiento penitenciario de la región. Esta actividad es coordinada por la profesora Loreto Castillo, con la participación de actores de la justicia penal, junto a la académica del área de Derecho Penal, Carolina Arancibia, así como estudiantes”, explicó el decano Mundaca. 

INCLUSIÓN 

A partir del reciente convenio suscrito, la Red de Cabildos Penitenciarios ha impulsado un trabajo articulado con organizaciones sociales en todas las regiones de Chile, con el propósito de establecer un proceso participativo en la Convención Constitucional, que asegure la inclusión de personas privadas de libertad. 

Más de mil 200 personas privadas de libertad han participado de estos diálogos a nivel nacional. Así sus voces quedarán plasmadas en un informe de sistematización que se pondrá a disposición de los convencionales en las próximas jornadas de discusión y votación.