UNAP e INDH realizan seminario para difundir respeto por Derechos Humanos

Con énfasis que en la Región de Tarapacá aún no hay personas condenadas por las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social de 2019 —en ninguna de las 138 querellas presentadas en tribunales—, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó en el Aula Magna de la Universidad Arturo Prat (UNAP), en la Casa Central de Iquique, un seminario junto a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Casa de Estudios.  

La actividad académica se tituló “Violencia Institucional, Tortura y Trauma Transgeneracional de Ayer y Hoy: Lecciones y Desafío para una Reparación Integral”. Y contó con la presencia de autoridades regionales, representantes y profesionales de la Seremía de Justicia, la Seremía de la Mujer y Equidad de Género, el Servicio Médico Legal (SML), y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). También estuvieron presentes académicas, académicos, estudiantes y público en general. 

SIEMPRE ALERTAS 

“Todavía tenemos situaciones de denuncias por vulneraciones de este tipo de derechos a nivel de instituciones que se encargan del cuidado de las personas. Por ejemplo, a nivel de algunos hospitales donde hemos recibido recientes denuncias, o principalmente en las cárceles”, dijo el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAP, Javier Leiva Albornoz. Y resaltó que como parte de su misión institucional, la Universidad promueve el respeto por los derechos humanos. 

El académico destacó la importancia de un trabajo de observación permanente en el ámbito de los derechos humanos, y enfatizó que si bien las violaciones en éste ámbito no son algo generalizado, se requiere atención. “Debemos estar siempre alertas, porque en cualquier momento estas vulneraciones se pueden desplegar hacia las personas”, expresó. Y sostuvo que se realizarán más seminarios como éste. “Porque tenemos un convenio vigente con el INDH en el cual buscamos entregar lo mejor de cada una de nuestras instituciones, para esta cultura de promoción de los Derechos Humanos, en el marco de lo que es una Universidad pluralista, pública y regional”, precisó Leiva Albornoz, quien además es el director del Observatorio Constitucional del Norte (OBCON UNAP). 

RELEVANCIA 

“La importancia que tiene este tema no se refleja en la cantidad de asistentes (público) que tenemos. La verdad es que es tan importante que quizá este auditorio debería estar lleno. Pero por circunstancias de aforo, pandemia y otras, no lo tenemos así. A pesar de eso, no resta la tremenda relevancia que tiene este tema”, dijo desde el escenario, Damián Todorovich Cartes, director de Vinculación de la misma Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, durante la bienvenida al evento.   

TORTURA 

En el seminario —con transmisión de TV en directo difundida por la UNAP a través de sus redes sociales—, la directora del INDH sede Tarapacá, Lorena de Ferrari Mir, sostuvo que la actividad se organizó en el contexto del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora cada 26 de junio, luego de la entrada en vigencia de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Esa Convención, ratificada por 162 países incluido Chile, define que se entiende por el término de tortura: “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. 

Además, Lorena de Ferrari Mir, se refirió a las 138 querellas presentadas en tribunales de Tarapacá, y que dan cuenta de las violaciones a los Derechos Humanos en el contexto del estallido social. 

NINGUNA PERSONA 

“Creo que los cambios con la nueva Constitución vendrían. También cambios en el Ministerio Público son muy importantes, porque las causas que investigó el Ministerio Público contra los manifestantes, esas fueron muy rápidas y hay muchos condenados. Pero lamentablemente en materia de Derechos Humanos, no hubo la misma rapidez y el mismo cuidado para la investigación. Y en esas causas no tenemos aún en la Región a ninguna persona condenada”, aseguró la representante regional del INDH. 

Lamentó el escaso avance judicial y reconoció dificultades probatorias. “Difícil poder probar en muchos casos quién fue el que disparó, porque había más de un funcionario. Se disparó a la turba, entonces en el medio caían las personas. Pero hemos hecho un trabajo incansable. Y hemos tenido que luchar, prácticamente, para que las causas no se cierren; porque las han querido cerrar muchas veces. Y nosotros hemos insistido que esas causas deben investigarse hasta donde se pueda llegar”, explicó De Ferrari Mir. 

INVESTIGACIÓN 

Asimismo, cuestionó los resultados obtenidos por el Ministerio Público o Fiscalía Regional de Tarapacá en las indagatorias. “No sé qué ocurrió al interior del Ministerio Público, pero es el órgano que tiene la obligación de investigación. Y creo que no la ha cumplido a cabalidad, porque estas cosas debieron haberse investigado tan rápido como las otras causas (…) Tenemos una causa que entre la fecha de presentación de la querella y la orden de investigar transcurrió un año completo para que el Ministerio Público pudiera emitir una orden de investigar”, precisó la autoridad del INDH. 

Y agregó que la Fiscalía no estaba preparada para indagar causas sobre violaciones a los Derechos Humanos. “Es evidente y se lo dijimos en muchas oportunidades: que era imposible que una causa por violación de Derechos Humanos se investigara como quien investiga un robo. Es evidente la diferencia y se debieron tomar medidas más rápidas”, indicó Lorena de Ferrari. 

COLABORACIÓN 

La representante del INDH, en tanto, valoró el apoyo de la UNAP en la realización del seminario. “Se agradece mucho que la Universidad Arturo Prat apoye esta instancia. Tenemos un convenio de colaboración con la Universidad. Siempre hemos estado en contacto permanente, además de hacer muchas actividades en conjunto”, aseveró. 

COMITÉ NACIONAL 

Como parte de la jornada, y a través de un mensaje de video, el presidente del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Francisco Maffioletti Celedón, enfatizó que las violaciones a los Derechos Humanos vulneran la dignidad de las personas, y constituyen uno de los delitos más graves que alguien puede cometer hacia otro ser humano. 

“La figura de la víctima es central en el apoyo que requiere, en el acompañamiento, y en el trabajo coordinado que debe existir entre todas las instituciones que estamos involucradas en los Derechos Humanos (…) Es una prioridad el poder lograr una cultura de los Derechos Humanos y un trabajo con las instituciones que nos corresponde visitar y fiscalizar en términos de abarcar aquellas variables que están íntimamente relacionadas con una mayor probabilidad de comisión de tortura”, dijo Maffioletti. 

FORENSE 

Otra expositora de la jornada fue Ana Genoveva Gómez Varas, psicóloga forense y encargada de la Unidad de Salud Mental del Servicio Médico Legal (SML) de Iquique. Detalló el trabajo de esa entidad pública en el ámbito de los Derechos Humanos, alcances, limitaciones y desafíos. Se refirió a las causas que se investigan, y cómo ese servicio cumple con los mandatos de la justicia. 

Explicó que luego de octubre de 2019 la labor del SML enfrentó complejidades. “Por primera vez Chile tiene una tipificación del delito de tortura con la Ley 20.968, que es del año 2016, pero que entró en vigencia en 2019. Y vino la pandemia que nos tuvo encerrados. Y una pericia psicológica se hace presencial con una persona. Por lo tanto, tuvimos que adecuar nuestras metodologías. El SML a nivel nacional entendió que era necesario rápidamente avanzar, y se generó una resolución exenta que permitía las evaluaciones online. Y había que hacerse cargo. Actualmente, hemos evaluado más de cien personas en las causas del estallido social, y son muchas más. Si son o no torturas no lo sabemos, porque eso se va a saber cuando lleguen a juicio oral”, dijo Gómez Varas. 

PREMIO NACIONAL                                                                  

En tanto, la psicóloga Elizabeth Lira Kornfeld, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, presentó su ponencia, “Violencia y tortura: consecuencias en la familia y en la convivencia política. Desafíos para las políticas de memoria y reparación”. Destacó que la violencia política en la historia de Chile ha tenido una sanción muy limitada, y correspondió a situaciones en las que se aplicaron amnistías e indultos. 

“Y entonces nuestra paz social ha estado históricamente asociada a la impunidad de crímenes mayores y menores (…) Aunque la violencia política y la tortura sean herramientas institucionales y se hayan practicado de manera masiva, siempre las consecuencias afectan a las personas en su cuerpo, su siquis, su familia, y a las comunidades a las que pertenecen. Y por lo mismo a las sociedades en su conjunto”, detalló la investigadora de Derechos Humanos y ex decana de la Facultad de Psicología de la U. Alberto Hurtado. 

En el seminario además expuso el equipo psicojurídico del Programa de Verdad, Justicia y Reparación de INDH Tarapacá, representado por la psicóloga, Alejandra Lepillán, y el abogado, Carlos Ahumada. Su charla detalló experiencias y desafíos en el acompañamiento a víctimas del estallido social en Chile. 

Fredy Aliaga V.