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Situación crítica de migrantes de Bolivia en la frontera de Chile

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Los abajo firmantes, investigadores/as del Instituto de Estudios Internacionales y del Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera, NECfron, de la Universidad Arturo Prat, comunicamos que desde el pasado 20 de marzo, cuando el gobierno boliviano cerró sus fronteras en virtud de una cuarentena nacional por la pandemia del COVID-19, se ha estado produciendo una situación crítica en la frontera de Chile con Bolivia. Centenares de trabajadores y trabajadoras bolivianas - estacionales, temporeros/as - han intentado regresar a su país ante las dificultades para obtener medios de subsistencia en Chile y preocupados por la suerte de sus familiares en su patria. El gobierno boliviano, en franca violación de sus deberes constitucionales y de los que emanan de los acuerdos internacionales que ha suscrito, ha prohibido el reingreso de sus compatriotas argumentando el peligro sanitario que representan. No menos insólito todavía resultan las declaraciones del Director de Migraciones de Bolivia, quien afirma que las personas bolivianas que están en la frontera queriendo ingresar a Bolivia son en realidad activistas políticos, masistas, y que buscarían desestabilizar la cuarentena y promover el caos social.

Repudiamos profundamente que se busquen obtener dividendos políticos utilizando esta situación de catástrofe mundial, que golpea fuertemente incluso a sus propios connacionales. En una declaración sin precedentes el representante del gobierno antes señalado afirma que las trabajadoras y trabajadores que están en la frontera intentando reunirse con sus familias, en realidad no viven en Bolivia, sino que tienen sus casas y sus familias en Chile, desconociendo con ello una realidad nacional arraigada profundamente en Bolivia, llamada por investigadores/as especialistas en migración de diversas maneras: migración circular, migración temporal o estacional. Se trata en realidad de trabajadores y trabajadoras fronterizos que vienen por un periodo de tiempo acotado a Chile, que envían remesas a sus familias y que constantemente están transitando entre ambos países, vivenciando continuamente una movilidad. Mediante el trabajo realizado en países fuera de Bolivia, pueden brindarle el sustento básico a su familia para alimentación, vestimenta, educación y vivienda, contribuyendo con ello no solamente a un bienestar a nivel individual sino que a la economía boliviana en un plano nacional. Estas son las personas a las que hoy se les está negando, de manera cruel e inhumana, el ingreso a su propio país.

El resultado ha sido la aglomeración de personas bolivianas de todas las edades en los pueblos fronterizos chilenos -principalmente Huara y Colchane- en espera del permiso para el retorno. Todas las noticias indican una espera en condiciones de habitabilidad, sanidad y alimentación muy precarias, que ha sido paliada por la ayuda solidaria de las comunidades bolivianas, de la sociedad civil chilena y de algunas instituciones estatales chilenas, como ha sido el caso muy señalado del alcalde de Colchane y más recientemente el de Iquique, quien habilitó un albergue para más de 700 personas, transportando a familias enteras desde la frontera a la ciudad costera. Pero se trata de una ayuda insuficiente, debido al arribo incesante de cientos de personas que, debido a la estrategia de movilidad que emplean para ganar sus sustentos, no poseen permiso de residencia en Chile y sólo cuentan con el estatus de turismo por breves períodos de tiempo.

A principios de abril, el gobierno boliviano abrió un campamento de cuarentena en Pisiga -la localidad boliviana fronteriza- al que permitió el acceso de 480 personas, es decir, menos de la mitad de los que permanecen varados en la frontera con Chile. Estas personas -según el organismo estatal boliviano Defensoría del Pueblo- están hacinadas en tiendas de campaña pequeñas donde duermen entre 10 y 12, carecen de agua suficiente, sufren una alimentación precaria, no tienen forma de abrigarse de los fuertes fríos andinos y no acceden a un servicio de salud adecuado a los fines de una cuarentena.
El alargamiento de esta situación implica una brutal violación de los derechos humanos básicos de centenares de personas. No solo carecen de condiciones mínimas de habitación, sino que sus propias integridades físicas están en peligro. El Estado Boliviano es responsable de esta situación y está obligado a dar una solución digna, que permita a estas personas, en el menor tiempo posible, regresar a sus hogares, donde podrán realizar la cuarentena, en mejores condiciones, recurriendo a sus familias y redes de apoyo. Tal y como ha sido demandado por la propia Defensoría del Pueblo.

Al mismo tiempo, recalcamos, la situación generada es también resultado de la inexistencia en Chile de una legislación migratoria que reconozca los derechos a estos trabajadores y mitrabajadoras fronterizos. Ellos y ellas son partes de la vida económica y social de las comunidades chilenas en que laboran, y merecen una protección más efectiva que las muestras solidarias y de asistencia que hemos visto en estos tiempos.

Instamos a presionar por todas las vías que tengan disponible sobre el Estado boliviano, y al mismo tiempo a pensar desde Chile, en la necesidad de una legislación migratoria adecuada a la realidad del país en la materia.
Firman:
Dra. Nanette Liberona, INTE-UNAP
Dr. Haroldo Dilla, INTE-UNAP
Dra. Marcela Tapia, INTE-UNAP
Dr. Carlos Piñones, INTE-UNAP
Dra. Sandra Leiva, INTE-UNAP
Dr. Gonzalo Álvarez, INTE-UNAP
Dr. Miguel Ángel Mansilla, INTE-UNAP
Dr. Raúl Bernal-Meza, INTE-UNAP
Dr. Jorge Olivares, INTE-UNAP
Dr. Luis Orellana, INTE-UNAP
Dr. Pablo Mardones, INTE-UNAP
Mg. Constanza Vélez, INTE-UNAP
Mg. Angélica Barra, INTE-UNAP
María Fernanda Cabezas, INTE-UNAP
Dra. Romina Ramos, NECfron-UNAP
Dr. Roberto Dufraix, NECfron-UNAP
Mg. Daniel Quinteros, NECfron-UNAP

 

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