Declaración pública por la crisis migratoria en Tarapacá

Los sucesos acaecidos en Iquique en relación con los cientos de migrantes, principalmente venezolanos que han llegado buscando desesperadamente medios de vida, son la mejor demostración de la bancarrota de la política migratoria que ha seguido el estado chileno, y en particular el actual gobierno. Es una situación de alta complejidad y como tal requiere de acciones que pongan en el centro la protección de las personas y aseguren la sana convivencia entre los habitantes de la región. No es posible seguir basando las políticas estatales para la gestión de la inmigración en la militarización de las fronteras, la criminalización de los/as migrantes, y las expulsiones, todo lo cual no detiene los flujos de personas, sino que los hacen más peligrosos y riesgosos. La pandemia ha afectado la vida de todas las personas, pero más aún de aquellas que huyen de la pobreza, las amenazas, la persecución política y la crisis económica, como es el caso de Venezuela.

Chile necesita de una política migratoria y de protección a la vida de los/as migrantes a la altura de los estándares humanitarios que el país debe satisfacer a partir de nuestros valores democráticos y de los tratados internacionales del que es signatario. Pero también, para sacar de nuestra sociedad los odios y hostilidades que se incuban desde informaciones falsas, manipulaciones discursivas y la actitud displicente de sus funcionarios que recorren las fronteras sin consideración alguna hacia lo/as vecino/as y autoridades locales.

Partimos de una premisa: es una situación compleja que requiere soluciones de consenso. Nadie puede creer que una política de fronteras abiertas unilateral es una solución. Pero tampoco lo es cerrarlas manu militari. El estado chileno, a través del próximo gobierno que emane de las urnas, debe producir una conferencia nacional en busca de un consenso de gestión de migración, en el que participen actores estatales y de la sociedad civil, incluyendo a las asociaciones de migrantes que existen en el país. Hasta entonces, es imprescindible una serie de acciones que permitan un manejo de corto plazo:

-La presencia del control policial en la frontera debe operar en conformidad con la legislación nacional, la cual se rige por los instrumentos internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos.
-Coordinar acciones a través de los municipios para crear albergues de tránsito en Colchane, Huara e Iquique que permitan cobijar a las personas y evitar la indigencia y el uso de los espacios públicos. Y en particular que se brinde protección y servicios educativos a niños y niñas. Estos albergues, deben tener garantías de no expulsión, no criminalización y protección a la seguridad de sus vidas.
- Regularizar a través de la Ley de Refugio a lo/as personas venezolanas y de otras nacionalidades que han ingresado al país en contexto de pandemia.

-Facilitar la reunificación familiar de las personas venezolanas y de otras nacionalidades que han ingresado por pasos no habilitados, especialmente de niños, niñas y adolescentes y sobre todo cuando la infancia migrante no está acompañada.
- Poner fin a las expulsiones administrativas de personas que ingresaron por paso no habilitado en el periodo de la pandemia
- Prohibir los discursos de las autoridades de gobiernos que definen a los extranjeros como ilegítimos aludiendo a argumentos nacionalistas y soberanistas. Esta práctica sólo propicia la xenofobia, el odio y el racismo.
-Dar mayor espacio desde la prensa y medios de comunicación a información veraz sobre la naturaleza de los migrantes, las normas internacionales al respecto y las obligaciones que tiene el Estado de Chile.
-Apoyar, desde las universidades estatales en alianza con la sociedad civil, campañas de información a la población y asesoría a los funcionarios públicos sobre este sensible asunto.

Estamos ante una crisis de la política migratoria inédita en la historia de Chile y de América Latina que nos interpela como sociedad a buscar alternativas y acciones que propendan, ante todo, a la protección de las personas. Se trata de un desafío al cual debemos hacer frente a la luz de los derechos humanos, y para lo cual existen alternativas de protección como el refugio y la institucionalidad internacional.
Hay que hacerlo, y hacerlo desde todos los lugares, por la dignidad de las personas migrantes, y por el honor de los/as habitantes de Chile.

Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat
Iquique, Chile.