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Lunes 4 de abril de 2022

¿Asumirá el ímpetu descentralizador la complejidad de las zonas fronterizas?

por Haroldo Dilla Alfonso

 

La descentralización del Estado se ha implantado definitivamente en la opinión pública chilena, y tantos los convencionales constituyentes como el gobierno inaugurado el 11 de marzo le han proclamado como compromiso ineludible.

En un contexto tan severamente centralista como el sistema político chileno, ello significa abrir una ventana en una habitación saturada de humo.

Un dato interesante es que la descentralización no solo se presenta en el plano político/administrativo regular (nación/regiones/comunas) sino también como un acto de reconocimiento a particularidades territoriales como puede ser, para poner dos ejemplos, el tema de los pueblos originarios o de las ciudades portuarias, que consumen externalidades negativas y no reciben beneficios fiscales de sus puertos, todo lo cual es altamente positivo.

Pero me temo que hay otros que quedan sepultados en muchos años de omisión, o invisibilizados por la carencia de dolientes con impactos en la opinión pública. Este es el caso de las zonas fronterizas. A pesar de sus miles de kilómetros de fronteras, el estado chileno ha sido históricamente renuente a considerarlas más allá de sus connotaciones geopolíticas como límites.

Chile es uno de los países latinoamericanos más atrasados al respecto, pues carece de una mención constitucional explícita de sus fronteras (siquiera en el estricto sentido geopolítico de límites), de una ley de desarrollo fronterizo, y de una institucionalidad suficiente como para hablar de un régimen fronterizo.

La única institución dedicada a las fronteras es un organismo asesor de la cancillería (Dirección de Fronteras y Límites-Difrol) con mejor voluntad que recursos e impacto casi nulo en el desarrollo de estas zonas de fronteras. Posiblemente su único mérito en este sentido sean los llamados Comités de Fronteras (sus nombres varían según los casos), estructuras binacionales que han permitido algunos ajustes de políticas y ganancias de confianza entre las partes ubicadas en las fronteras, pero con alcances muy discretos.

El anterior gobierno dio otro paso en el sentido negativo cuando decretó la militarización de las fronteras en aras de la seguridad y el control, como si las experiencias fronterizas a nivel mundial no indicaran claramente que no hay relación entre una cosa y la otra, pero si pudo hacerlo es sencillamente porque este no es un tema de interés. Y nada indica -ni en el discurso público, ni en las declaraciones de las nuevas autoridades, ni en los subidos debates convencionales- que esto vaya a cambiar.

Las falencias políticas fronterizas han quedado al desnudo a partir del Covidy del arribo a nuestros límites de nutridos contingentes migratorios, principalmente venezolanos, atraídos por el desarrollo relativo de Chile y por las invitaciones irresponsables que fueron hechas cuando el desafortunado performance de Cúcuta.

En todos los casos se han tomado medidas de cierre y/o apertura sin tener en cuenta a las autoridades y a las sociedades locales, produciendo lamentables separaciones familiares y cortes económicos que han colocado a muchas familias de estas zonas en situaciones muy delicadas.

Los militares, allí donde han sido destacados como autoridades superiores, se han comportado como una fuerza de ocupación, sometiendo a las poblaciones de estos lugares a vejámenes racistas que han sido documentados por la prensa.

 
Los funcionarios nacionales se han paseado por nuestras franjas fronterizas sin siquiera conversar con quienes tienen el mejor conocimiento de los problemas que pretenden resolver: los funcionarios y pobladores locales. Por ello no es de extrañar que la decisión más conocida haya sido la estulticia de la zanja, como si este agujero en el piso fuese una solución al problema y no lo que es: parte del problema.

Permítanme un ejemplo. En el extremo norte de Chile está la ciudad de Arica, muy cerca y conectada con la ciudad peruana de Tacna. De hecho, Tacna funciona como una plaza comercial y un lugar de ocio para Arica, y eso le imprime a esta ciudad un fuerte dinamismo.

La ciudad peruana capta miles de compradores de servicios y productos que le dejan un ingreso regular anual de 100 millones de dólares. Lo han conseguido mediante políticas inteligentes –la legislación peruana de fronteras es mucho más avanzada que la nuestra- que incluyen un uso intenso del propio puerto de Arica.

A pesar de que la ciudad chilena posee las mejores playas, notables valores culturales y una dinámica local en este sentido que me aventuro a asegurar que es tan o más intensa que en Tacna, los visitantes tacneños en Arica son regularmente trabajadores agrícolas y pequeños comerciantes que aprovechan las ventajas del puerto. Este es un resultado de la carencia de autonomía local y de la inexistencia de una mirada hacia lo transfronterizo.

Las fronteras son siempre un problema, pero también una oportunidad. La buena política es aquella que optimiza esta última condición. La mala, se atraganta con los primeros. La buena política significa usar las sinergias transfronterizas para impulsar el desarrollo local, incrementar nuestro acervo cultural, gestionar adecuadamente el medio ambiente compartido y generar un clima de cooperación con nuestros vecinos.

Para ello se hace necesario un diagnóstico, como el que encargó hace algunos años a la Universidad de Río de Janeiro el entonces presidente brasileño Lula, y que le permitió políticas innovadoras y diferenciadas (las franjas fronterizas difieren sustancialmente unas de otras) que aún la gente recuerda.

La Difrol debe ser drásticamente actualizada, sacarla de su actual rol mediocre y potenciar desde ellas propuestas de políticas. Es necesario formular una ley de desarrollo fronterizo compatible con atribuciones en materia fiscal y con el establecimiento de un régimen municipal fronterizo. Se debe prestar especial atención al manejo del ambiente compartido.

Y es necesario estimular sistemas de concertaciones transfronterizas que, en el marco de la ley, permita a las autoridades locales y a las comunidades, establecer políticas transfronterizas que en muchas ocasiones están referidas a los pueblos originarios y sus derechos.

Es claro que, para una nación que nunca ha mirado hacia sus fronteras, este ejercicio implica un esfuerzo mayor. Pero es imprescindible, y abundan experiencias internacionales que pueden ser utilizadas. No hacerlo significa que seguiríamos lidiando con todos los problemas que implica cualquier frontera, y en cambio no podríamos aprovechar sus oportunidades.
Haciendo, sencillamente, la peor política.


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