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Lunes 9 de mayo de 2022
Sede Victoria

Claudio Sanhueza Arratia, Académico de Kinesiología en UNAP Sede Victoria: multidimensionalidad y desarrollo sostenible en el territorio provincial

Artículo destinado a reflexionar sobre los desafíos para mejorar el desarrollo de nuestra región

Dentro de la implementación de la “agenda 2030”, en el pasado mes de abril se realizó el foro de países de América Latina y el Caribe, instancia asociada al desarrollo sostenible impulsado por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en el cual, se propuso generar un nuevo marco de gobernanza respecto a la arquitectura estatal de los distintos países del área, considerando la participación pública en la toma de decisiones -entre otros-, la existencia de instituciones y la facilitación de instrumentos de medición de impacto y alcance de los distintos focos, entre ellos, del conocimiento y territorio.

Por otro lado, tenemos otra punta del iceberg: la “multidimensionalidad territorial” de América Latina. Tal como lo menciona Rodríguez (2021), en su trabajo “Índice compuesto y multidimensional de desarrollo regional: una propuesta para América Latina”, este menciona, de manera clara, que las grandes desigualdades de esta parte del centro y sur del continente hacen imperativa la necesidad de darle énfasis territorial al diagnóstico y directrices sociopolíticas para promover de lleno el desarrollo humano y sostenible. En base a lo mismo, y desde una perspectiva nacional, el Ministerio de Desarrollo Social, cerca de 2018, ya planteaba, de manera explícita dentro de sus objetivos estratégicos, la definición de “un desarrollo territorial sostenible en el tiempo”, el cual debe “satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Para lograrlo, es preciso armonizar el progreso económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente”.

Desde la academia, claramente esta es un misiva que no se puede esconder “bajo el tapete”, considerando que las grandes instituciones de Educación Superior de la región se encuentran en polos de concentración, definidos en base a las urbes de mayor tamaño poblacional, como Temuco y Victoria (considerando a la Universidad Arturo Prat como la única institución de Educación Superior de la provincia de Malleco) llevando la delantera, y tras ellas, Angol y Pucón, con algunas instituciones más bien de carácter técnico profesional.

Por otro lado, y sin ir más lejos de esta premisa, estos polos de concentración del conocimiento segregan, desde el punto de vista socio geográfico, a las localidades de carácter rural, lo cual no es algo menor, considerando que nuestra región posee una población cercana al 30% en el sector rural, en donde el acceso multidimensional tiende a ser una piedra de tope al momento de adquirir ciertos “bienes asegurados”, como lo es el conocimiento teórico y práctico desde las distintas disciplinas.

Es reconocible que nuestra región posee riquezas incomparables respecto a otras del territorio nacional, pero también posee uno de los talones de Aquiles más grandes del mismo, tal como lo indicó la Encuesta Casen, en donde se menciona que nuestra región tiene ingresos casi 30% inferiores al promedio del país y el menor nivel de empleo, o sea, que se trata de la región más pobre de Chile. De hecho, Mieres (2020) ya lo mencionaba en su estudio dirigido a la medición de la desigualdad en Chile, desde una óptica regional: “Se observa que las regiones más desiguales, son igualmente aquellas con menor PIB per cápita y desarrollo. A nivel geográfico, suelen ser las regiones del sur las perdedoras en materia de desarrollo y desigualdad”. Y, es prudente decir, que la pobreza adquiere características multidimensionales en torno a las personas, como por ejemplo, en el conocimiento y en el desarrollo educacional y territorial, muchas veces desimpregnado de las raíces de nuestra zona.

Si bien somos un país y una región con riqueza interna, esta no se extrapola en materia tangible a la hora de medir el coeficiente de desigualdad y de pobreza multidimensional territorial (Coeficiente de Gini), como lo indica Pérez y Sandoval en su columna “La geografía de la desigualdad”, en donde aluden al estudio del COES (2018), indicando que “la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante se producen en las regiones donde el índice de desigualdad es igual o superior al promedio nacional”, siendo nuestra región la “Top One”.

Hoy en día, se han propuesto y trabajado proyectos tangibles y palpables que buscan mermar esta situación, teniendo -algunos- como misión “fomentar el conocimiento y la valoración de la ciencia, la tecnología y la innovación, con el propósito de fortalecer el pensamiento crítico, creativo y reflexivo en las personas y aportar, de este modo, al desarrollo de nuestro país” (PARExplora-ANID). Claramente lo anterior, no solo es misión de voluntades, sino que es el rol y deber de las distintas instituciones y actores del Estado, de contribuir a desmarcar este factor numérico que, a la hora de evaluarlo y mirarlo con lupa, pierde frialdad y nos cala hondo como sociedad.