El Chile que se viene

Nuestro país desmanteló su Estado como protagonista de la vida social, económica, cultural, política, para dejar importantes áreas estratégicas en manos del mercado y de la iniciativa privada, como la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, el agua y la electricidad.

El estallido primero y la pandemia después, nos demostró la necesidad de un retorno al Estado como garante de equidad, inclusión, salud pública, la alimentación, subsidios y el acceso a conectividad, para enfrentar un entorno cada vez más dinámico, impredecible y complejo. La necesidad de un rol regulador en estas áreas fue expresada de modo categórico en las elecciones de octubre/2020 exigiendo una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución.

Como explicábamos en una columna anterior, los procesos migratorios son expresión de estos cambios, para bien o para mal, son un hecho social, y como lo viene demostrando una serie de experiencias internacionales, no se resuelven única y exclusivamente con una política de contención en la fronteras, si ésta no va acompañada de una política pública robusta, capaz de encauzar esa energía social en beneficio de la comunidad local, regional y nacional, desincentivando el ingreso irregular, el coyotaje, y la contratación de mano de obra barata.

Para ello es vital que el proceso constituyente rediscuta este Estado mínimo, y que hace competir a los sectores vulnerables nacionales y migrantes por desfinanciados servicios públicos como la salud, la previsión, los subsidios, la educación y vivienda, entre otros, para dar paso un Estado social que cautele por el bienestar de la comunidad en general, independiente del género, clase, color de piel o el lugar de nacimiento de sus ciudadanos y ciudadanas.

La Universidad Arturo Prat aporta al diálogo constructivo en estos temas, a partir del saber de su comunidad académica instalada en sus Institutos y Facultades, esa es nuestra marca perenne con el “Conocimiento y Territorio“.