Zonas extremas

Con una situación geográfica única, largas distancias entre sus poblados, clima extremo, poca población, baja empleabilidad y malos indicadores tanto a nivel económico como en educación, las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, en el extremo norte, junto a las de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, de Magallanes y de la Antártica Chilena, en el extremo sur, además de las Provincias de Chiloé y Palena, son de acuerdo con la ley 20.655 las llamadas zonas extremas.

Esta Ley estableció incentivos tratando de modificar, perfeccionar y mejorar sustancialmente algunos beneficios, creando otros como, por ejemplo, la zona franca. No obstante, estas zonas extremas continúan sintiéndose abandonadas/postergadas, y a pesar de los esfuerzos de los diversos gobiernos las necesidades se acrecientan en el contexto económico y social.

La falta de un modelo de desarrollo homogéneo, la centralización y verticalidad de la toma de decisiones para las regiones en general y, especialmente, para las zonas extremas, ha acrecentado la desigualdad en estos territorios. Con el tiempo esta situación ha potenciado otras aristas como el despoblamiento y la falta de desarrollo, transformándose en un ciclo que además de conllevar un conflicto económico afecta la seguridad territorial, dando origen a otros problemas como el narcotráfico, el contrabando y la inmigración ilegal.

Ante este panorama las universidades públicas y regionales de zonas extremas, estamos conscientes de nuestra responsabilidad, comprometidos en asumir un papel fundamental en estos territorios. Es así como al ser parte del Consorcio de las Universidades del Estado de Chile (CUECH), la Universidad Arturo Prat (UNAP), además de apoyar dos iniciativas ante la Convención, está patrocinando junto al Constituyente por Tarapacá del pueblo quechua, Wilfredo Bacian, una propuesta convencional que crea un estatuto constitucional del quehacer de las universidades estatales regionales y zonas extremas, a partir de un financiamiento 100% estatal.

Con financiamiento estatal como corresponde, nuestras Universidades fortalecerán su trabajo y podrán contar con una oferta académica necesaria (sin pensar si son rentables o no), ofreciendo oportunidades de movilidad social, aportando a la investigación y vinculación, comprometidas así con la realidad territorial.

Porque las universidades de zonas extremas merecen un mejor trato para contribuir a sus regiones.