El 18 de diciembre se celebró internacionalmente el Día del Migrante. En Chile, varias han sido las iniciativas para celebrar esta fecha, en especial festivales "migrantes", "mestizos", "interculturales". La región de Tarapacá no se quedó atrás; se organizaron dos actividades - menos festivas pero no menos importantes - , un seminario convocado por el proyecto "La infancia mundial en la escuela aumenta el capital cultural", del FOSIS y la OPD de Iquique, donde se presentaron experiencias de educación intercultural, destacando las discriminaciones que viven los hijos e hijas de inmigrantes en nuestro país y el racismo latente de nuestra sociedad. Otra actividad, convocada por el Instituto de Estudios Internacionales INTE de la Universidad Arturo Prat, se trata de un debate en torno al actual Anteproyecto de Ley de Migraciones, que gracias a la ley de transparencia las organizaciones sociales de inmigrantes, reunidas en el Movimiento de Acción Migrante (MAM), hemos podido conocer.

¿Por qué creemos que es importante debatir sobre este proyecto legislativo?

La legislación en vigor, conocida como Ley de Extranjería (Decreto Ley Nº 1094), data de 1975 y se sitúa dentro de las leyes basadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional. En este contexto - de dictadura militar -, los extranjeros eran jurídicamente considerados como una amenaza para la comunidad nacional. Es así como pervive hoy en día un paradigma totalmente inadecuado a la realidad migratoria, principalmente caracterizada por tratarse de una migración laboral. La ley de Extranjería produce, entre otras trabas, un fenómeno que se ha denominado como "irregularidad cíclica", debido a lo restrictivo que es el proceso de obtención de visas y permisos, así como las sanciones al incumplimiento de este marco legal. Frente a esta realidad, organizaciones de la sociedad civil, personas del mundo académico, instituciones y ONG's, vienen haciendo un llamado, desde hace ya dos décadas, de la necesidad de un cambio de ley. Ante esto, las autoridades han trabajado en varias iniciativas que han permitido ir adaptándose a la realidad inmigratoria, en particular para mejorar el acceso a la salud y a la educación, sin embargo no se ha concretado el cambio de ley clamado. No obstante, se han presentado dos iniciativas jurídicas: un proyecto de ley del año 2001, que quedó dormido en el Parlamento, y otro del 2013, que generó fuertes polémicas debido a su contenido catalogado como "utilitarista" de las inmigración y alejado de los Derechos Humanos. Ambos proyectos han sido desestimados por la agenda política del país, no siendo un tema de urgencia ni de interés para las mayorías, ni para los sucesivos gobiernos. Pero las demandas por una ley migratoria digna se multiplicaron. En este contexto, la actual administración decide retomar la Política Migratoria plasmada en el Instructivo Presidencial nº 9 del año 2008. En consecuencia, se despliegan diversas iniciativas, entre las que destacamos el Proceso Consultivo por una Nueva Ley de Migraciones, que se realizó a lo largo de todo el país el año 2014, donde participaron representantes de la sociedad civil, ONG's, académicas y académicos, investigadoras e investigadores, etc. De este proceso nace un nuevo anteproyecto de Ley de Migraciones, que el gobierno prometió presentar al Parlamento el primer semestre de 2016 y que hoy el MAM solicita revisar, e invita q que se hagan comentarios y observaciones desde regiones. Es en este marco que surge este debate abierto a la comunidad, en el que convocamos a realizar un trabajo colectivo de revisión y análisis del documento, aprovechando la coyuntura de la celebración del día internacional del migrante.

La región de Tarapacá es una región fronteriza, donde la inmigración se presenta como una constante histórica, favorecida por un mercado laboral que incentiva la llega de extranjeros, especialmente vecinos en dos momentos históricos claros: durante el ciclo de expansión del salitre y desde los 90 a la fecha. Por tanto se trata de elemento constitutivo de la sociedad, representando actualmente un porcentaje importante de la población (casi un 10%), pero que históricamente ha mantenido valores por sobre la media nacional. Además es una región de diversas movilidades, en particular por la circulación de bolivianos y peruanos que por motivos comerciales y laborales van y vienen, atravesando territorios aymara, permaneciendo periodos cortos en la región para volver a cruzar la frontera una y otra vez, estampando visas de turista. Esta realidad fronteriza nos impulsa a pensar en la necesidad de un marco jurídico que responda de manera flexible a las distintas realidades, a la interacción frecuente con los países vecinos motivo por el cual una de las primeras reflexiones se refiere a la importancia de la descentralización.

Al leer el Anteproyecto de Ley de Migraciones surge la esperanza, ya que por primera vez se asocia la migración al desarrollo, se trata de disminuir el control social sobre los movimientos de personas y, lo más relevante, se considera el derecho de migrar como un derecho esencial e inalienable, basado en la igualdad y en la universalidad. Se establece la prohibición de expulsiones colectivas, autorizando el estudio de casos, lo que es muy positivo para las familias y se establece el derecho al debido proceso en situaciones de expulsión. Celebramos esta iniciativa y nos parece muy pertinente y necesaria, además de ser una demanda sentida desde hace tanto tiempo por la sociedad civil, en especial por las organizaciones de inmigrantes. Sin embargo, a primera vista, existen ciertas ausencias que debilitan el documento, por lo que inevitablemente surge el sentimiento de desconcierto.

Se plantea el principio de inclusión, pero no se define. Para un adecuado proceso de inclusión y de integración, es urgente y necesario un proceso permanente y continuo de Fiscalización del Sistema Informativo Nacional (prensa, radio, televisión). No es posible que establezcamos una ley basada en los derechos de los migrantes, permitiendo que de manera reiterada se mediaticen los estereotipos, prejuicios y otras formas de xenofobia, racismo y discriminación hacia la población inmigrante. Las declaraciones de No Discriminación no tienen peso si es que no se toman medidas concretas y se ejecuten planes que actúen en pro de cumplir con estos principios. De la misma manera, debiese existir un proceso de Modificación de textos escolares, revisando en particular los textos de historia para no seguir generando odios entre ciudadanos de países vecinos, tan cercanos histórica y culturalmente, que hemos alterizado, por conflictos geopolíticos que poco tienen que ver con las personas que habitan y conviven en territorios fronterizos. Se debiese trabajar en textos que plasmen la importancia de los principios antes mencionados, en todas las materias, resaltando los aportes a la ciencia, la tecnología, las humanidades y las artes latinoamericanas.

En cuanto a las nuevas visas, si bien aparecen figuras interesantes, puntualmente en lo que nos concierne como región, la autorización de ingreso para Habitantes de Zona Fronteriza es un gran avance. Pero no queda claro en la descripción de los tipos de permisos de estadía cómo se va a proceder en las fronteras. Si bien se crean visas especiales, que seguramente serán de gran ayuda para categorizar de mejor manera a las personas extranjeras que ingresan al país, no se indica donde y cuando se solicitan estos permisos, dejando estas especificaciones para el reglamento.

El anteproyecto establece disposiciones en cuanto a la Trata y Tráfico de personas, sin embargo, para prevenir, en particular, el tráfico ilícito de personas es necesario que la PDI no niegue el ingreso a Chile a los inmigrantes que deseen ingresar al país con el fin de buscar una oportunidad laboral. Se debe eliminar la práctica de la "bolsa de viaje" y la posibilidad de arbitrariedades en el control migratorio, por lo que los límites de la discrecionalidad del funcionario debiesen estar claramente estipulados, poniendo por delante los derechos humanos y el derecho a migrar.

Uno de los importantes aportes de este anteproyecto es que declara que la condición migratoria irregular no es delito, pero hay que considerar que esta condición fomenta la vulnerabilidad de los inmigrantes, por lo que es de suma importancia flexibilizar los procesos de regularización. Es urgente que dentro de estos cambios administrativos para el otorgamiento de visas y otros permisos, se trabaje en la disminución de los plazos de entrega de visas para evitar el trabajo informal y precario. En este sentido, y de forma muy sentida es que desde regiones se clama por la descentralización del otorgamiento de permisos. Las gobernaciones provinciales y sus DEM deberían tener la potestad de tomar este tipo de decisiones.

En síntesis, creemos que este anteproyecto de ley puede ser mejorado para alcanzar las expectativas acumuladas desde hace tanto tiempo, ya que tal como se presenta actualmente, en la práctica, puede facilitar o entorpecer los trámites, desvirtuando el contenido de la ley. Esperemos que al momento de describir los procedimientos prime la promesa de favorecer los procesos de regularización. La extrema burocracia puede propiciar la decisión de los inmigrantes de mantenerse en condiciones irregulares, ya que en algunos casos, al permanecer indocumentadas las personas se sienten menos restringidas. Sin embargo, esto genera un impacto negativo en las condiciones de vida de los inmigrantes. Por eso, además de una Nueva Ley de Migraciones que incorpore los comentarios y sugerencias de la sociedad civil y sobre todo de las organizaciones de inmigrantes, se requiere un compromiso permanente y a largo plazo por desarrollar en nuestro país una cultura de acogida transversal a la diversidad cultural.