Por buen camino y haciendo justicia a la labor que universidades públicas y tradicionales realizan desde siempre, creemos que transita el proyecto que busca elaborar la Nueva Política Nacional Docente.

Esto porque la iniciativa legal, que busca elevar las exigencias de ingreso de los postulantes a las carreras de pedagogía, resume precisamente lo que las instituciones de educación superior, ligadas al CRUCH, desarrollan en el ámbito de la calidad de la formación inicial docente.

A través de indicadores, como el aumento en el puntaje de ingreso vía PSU, acreditación obligatoria de sus programas, renovación curricular, incorporación de sistema de créditos transferibles y promoción en sus egresados de la rendición de ex prueba INICIA, las universidades públicas y tradicionales ratifican el compromiso que sostienen con el país y en nuestro caso también con la región.

Según cifras del MINEDUC, 24% de quienes buscan ingresar a una pedagogía alcanzan menos de 500 puntos en la PSU, mientras que 23% accede a estas carreras sin rendir esta prueba de ingreso, contando así a un sector educativo no regulado, que imparte un número importante de estas alternativas académicas, aglutinando a su vez a gran parte de la matrícula.

De esta forma se genera una dualidad, teniendo por un lado universidades que no definen estándares de ingreso, mientras que en otro sector, estamos quienes que pese a los pocos recursos que emana el Estado y con una disminución sostenida de sus matrículas en carreras pedagógicas, implementamos políticas estatales de mejora.

Si bien creemos que la Nueva Política Nacional Docente, configura un nuevo orden en el sistema, al enfatizar en los procesos de ingreso, formación, egreso, inserción y desarrollo laboral, extrañamos el reconocimiento de instituciones que durante su historia adaptan los desafíos y normativas que nos entrega el Estado, manteniendo así la arbitrariedad del sistema e incentivando los criterios de mercado.