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La normativa regirá en 2018

Cemdis destacó Ley sobre Inclusión que permitirá reserva de empleo del 1% para Personas con Discapacidad Laboral

El proyecto de ley beneficia a personas con discapacidad en organismos del Estado (civiles y militares) y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios, durante el primer año, y desde 200 trabajadores a partir de 2019.

 

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En el Centro de Capacitación Laboral que administra la Cormudesi, la Seremía de Desarrollo Social, junto a Senadis y el Centro Multimedial para Personas en Situación de Discapacidad (Cemdis) de la Universidad Arturo Prat (UNAP) marcaron un hito de difusión para preparar a empresarios, funcionarios públicos y académicos en los nuevos desafíos que enfrentarán las empresas, a partir de enero de 2018, con la entrada en vigencia de la Ley sobre Inclusión para Personas con Discapacidad Laboral que permitirá su contratación con garantías especiales para ellos.

Al encuentro asistieron los titulares de Desarrollo Social y Senadis en Tarapacá, Mariela Basualto y Freddy Alonso, respectivamente; el Director (s) del Cemdis, Víctor Chiappa; el Director del Centro de Capacitación Laboral Cormudesi, Gabriel Peña; así como empresarios, ejecutivos, académicos de la UNAP, y de organizaciones vinculadas al área.

Chiappa destacó que "una de las principales funciones que deberíamos realizar como Cemdis y Universidad es ayudar en la difusión, a los empresarios, y en paralelo trabajar en habilidades blandas y duras de las personas en situación de discapacidad para prepararlas para el empleo".

-La importancia de esta ley es que ayudará a insertarlos laboralmente, y no en forma asistencialista; darle el valor a las personas en situación de discapacidad; antes de ser ciego o sordo, somos personas. Un aspecto relevante es que a partir del primer año de vigencia de la normativa, las empresas tendrán como requisito tener cien trabajadores, y el segundo año, 200, para las contrataciones. Todos tenemos que trabajar como sociedad para que las empresas tengan las herramientas para estas personas vulnerables, tener sus accesos, y la voluntad, en primer lugar, para buscar la información. Estoy dispuesto a que nos consulten por orientación para tener una persona en situación de discapacidad-, enfatizó.

 

 

 

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En la oportunidad, Mariela Basualto, Seremi de Desarrollo Social, compartió que "la Ley de Inclusión Laboral es una tremenda buena noticia. Ojalá tuviéramos un país en que la inclusión fuera día a día, tiene que haber leyes que vengan a nivelar la cancha. Sentimos que la discapacidad es una situación en tránsito para que tenga las oportunidades iguales a cualquier ciudadano de este país. Es un avance de inclusión. Esta ley también va de la mano en cómo generamos competencias para que cualquier persona en situación de discapacidad pueda desenvolverse como lo hace cualquier ciudadano de este país, y sea una mejor calidad de vida para todos. El propósito debe ser educar hijos sanos y educados, también en personas en situación de discapacidad".

 

 

 

 

 

EFECTOS DE LA LEY

 

La Ley sobre Inclusión para Personas con Discapacidad Laboral comienza a regir en enero de 2018.

 

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El proyecto establece una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad en organismos del Estado (civiles y militares) y empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios.

Además, fija en 26 años la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad, asimilándola a la edad de término de la educación especial y no sin limitación de edad como es en la actualidad.

También este proyecto consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo e incluye a quienes reciben una pensión de invalidez (de cualquier régimen previsional), además de aquéllas que están inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad.

La nueva ley también termina con la discriminación salarial mediante la derogación del artículo 16 de la Ley N° 18.600, que permite que las personas con discapacidad mental puedan percibir salarios menores que el sueldo mínimo.

La fiscalización de esta ley se realizará en el sector público el Servicio Civil y el Servicio Nacional de la Discapacidad; y en el sector privado, la Dirección del Trabajo y el Servicio de Impuestos Internos.