Hace poco tiempo atrás y en una de tantas entrevistas, la recientemente elegida Presidenta de Chile afirmó lo que sigue: “Yo lo que puedo decir a este respecto es reiterar lo que dije durante la campaña: que tengo la plena la decisión de revisar muy profundamente la Ley 20.000 y la categoría de la marihuana como droga dura, creo que el problema en Chile de la droga no es el consumo individual o el consumo medicinal, sino que son efectivamente las redes de narcotráfico las que asolan las calles de nuestro país y ahí vamos a poner nuestro esfuerzos principales”.

Dr. Roberto A. Dufraix Tapia Profesor de Derecho Penal de la Universidad Arturo Prat

Pese a lo escueto de su intervención, bien puede leerse el plan de acción que el actual gobierno de la Nueva Mayoría tiene en materia de drogas, el que, por lo visto, se encontraría estructurado sobre la base de dos niveles distintos: preliminarmente, de la valoración de aquello que resultaría problemático para la sociedad en materia de drogas -el narcotráfico- y, luego -o como consecuencia de ello- de la revisión -y, se deduce, eventual modificación- de la normativa que gira en torno a dicha problemática -en concreto: de la Ley 20.000 y su reglamento, el decreto 867-. De este modo, la normativa, en tanto directiva de conductas, realizaría aquello que previamente ha sido objeto de valoración y, en consecuencia, su aplicación resultaría acorde con la realidad social que pretende regular. Hasta aquí, todo parece plenamente coherente.
Sin embargo, no hace falta escarbar demasiado para advertir que tanta coherencia es más aparente que real.
De un lado, llama la atención que -al menos en el plano discursivo- la perspectiva con la cual se aborda el primero de los niveles -la valoración- se encuentre vinculada a la idea de “seguridad ciudadana” y no a la de “salud pública”. Y esto es importante para efectos político-criminales, aunque la diferencia entre una y otra idea, en términos prácticos, pueda resultar sumamente sutil.
Porque si el principal de los problemas de la droga es la “seguridad ciudadana”, entonces, la inclusión de la marihuana dentro del catálogo de “drogas duras” debiera consolidarse -y digo “consolidarse” por cuanto fue durante el primer periodo de gobierno de la Mandataria que la marihuana adquirió dicho rango-; mientras que, por el contrario, si el principal de los problemas de la droga es el relativo a la “salud pública”, entonces la exclusión de la marihuana del catálogo de “drogas duras” se constituiría tan solo en la antesala de un proyecto político que tienda a su total “normalización” -porque es más o menos evidente que, de cara a la abstracción “salud pública”, el consumo concreto de marihuana no afecta más que el alcohol-.

FENÓMENO
COMPLEJO

Por cierto, una forma de evitar la contradicción que supone vincular las ideas de “seguridad ciudadana” y “salud pública”, sería la de entender que cuando se trata de “drogas ilegales”, nos encontramos frente a un fenómeno de carácter complejo, que involucra tanto estos problemas de salud como aquellos de seguridad, cuestión que racionalmente justificaría que sea abordado de forma dinámica y desde distintas perspectivas.
Puede ser. Pero de ser así, entonces no resulta posible entender la razón por la cual nuestra Mandataria, pese a declarar que el problema de la droga “no es el consumo individual o el consumo medicinal”, no se decide derechamente por excluir a la marihuana del catálogo de “drogas ilícitas”, conformándose con proponer su -mero- traslado de un catálogo a otro, de “drogas duras” a “drogas blandas”, pero siempre dentro del marco de la “ilegalidad”.
De esta forma, en nada se favorecerían los ámbitos de libertad de los consumidores, quienes seguirían consumiendo una sustancia ilegal con todos los riesgos que ello implica, y en mucho se incentivarían las operaciones de los traficantes, quienes disminuirían sus riesgos si se deciden por la comercialización de marihuana y no de cocaína, por ejemplo.
En el fondo, esa baja de “impuestos” que supone para el traficante la recalificación de la marihuana como “droga blanda”, no sólo traerá consigo un incremento de la sustancia en el mercado, sino también una intensificación de los efectos secundarios de la política prohibicionista y, con ello, de los procesos de criminalización del consumo. Concretamente, si usted es traficante de marihuana, en tanto “droga blanda”, paga menos y gana más, pero si usted es consumidor sólo paga más; y -casi- peor si la decisión es consolidar su inclusión dentro del catálogo de “drogas duras”: si usted es traficante, que sea de cocaína y no de marihuana, así arriesga lo mismo y gana más.


CRITERIOS

Así las cosas, todo parece indicar que, pese a que el consumo recreativo o medicinal de marihuana no es el problema, forma parte de la estrategia político-criminal de este gobierno el abordarlo como si lo fuera, lo que bien puede lograrse desde los elásticos criterios de la “seguridad ciudadana” y, luego, reajustando la normativa en función de dicha perspectiva y no de la realidad.
Pero si esto es así, cabe preguntarse ¿qué gana el poder? Mucho. De partida, control, y uno fácil de ejercer. Desde luego, siempre será más rentable ejercer un control sobre la base de una política prohibicionista -fundada en el mito peligrosista-, que controlar y limitar las diversas injerencias del poder en el ámbito de la libertad de un ciudadano adulto y responsable de sí mismo. Enseguida, obtiene causas, razones del peligro, de la delincuencia y, con esto, estigmatización, represión y encarcelamiento; en suma: la puesta en marcha de todo un aparataje político cuyo principal objetivo no es otro que el de aparentar la actuación eficaz de un gobernante “atento y decidido”, cuando de “combatir la delincuencia” se trata. Y con esto, votos, los de una gran Mayoría -cautiva- que teme al consumidor porque -se dice- es o será delincuente.
En fin, más allá de la “decisión de revisar muy profundamente la Ley 20.000 y la categoría de la marihuana como droga dura”, -parece que- la lógica a partir de la cual se genera la estrategia político-criminal del gobierno, se construye en función de la siguiente fórmula: a más drogadictos -léase: posibles delincuentes- más policías en las calles; y a más policías en las calles -léase: mayor sensación de seguridad- mejor es quien -por segunda vez- gobierna.