Tras completar su Doctorado sobre "Las medidas de seguridad aplicables al inimputable por condición mental en Chile", en la Universidad del País Vasco, España, el Académico de la Universidad Arturo Prat (UNAP), Roberto Dufraix comentó que en la actualidad se encuentra analizando el control penal que ejerce el Estado en materia de migración.

Planteó, al respecto, que "la publicada Ley 20.603 sobre penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, no sólo ha supuesto una especie de modernización de las medidas ya existentes a partir de la Ley 18.216, sino que además ha incluido en su catálogo una consecuencia jurídica de carácter excepcional aplicable a los extranjeros que no residieren legalmente en Chile, cual es, su expulsión del territorio nacional".

Dufraix explicó que "atendido el poco tiempo que ha transcurrido desde su inauguración como ‘pena sustitutiva', y el escaso interés que -hasta la fecha- ha despertado en la doctrina nacional, pese a los efectos que su aplicación puede producir, tanto respecto del inmigrante, cuanto desde la perspectiva de sus fines preventivos, es que se torna imprescindible contribuir al desarrollo de un primer nivel de análisis de la institución. Ello se traduce, concretamente, en determinar tanto su orientación político criminal, como asimismo su naturaleza jurídica, en el marco de los fines y funciones de la pena".

Apuntó, en tal sentido, que "el análisis propone, de una parte, un estudio sobre las distintas estrategias político criminales que podrían explicar la expulsión penal del extranjero, decantándose por una opción no tratada en el ámbito doctrinario nacional, conocida en el contexto anglosajón como actuarial justice (justicia actuarial) y, de otra, un estudio sobre las distintas argumentaciones que se han formulado respecto de su naturaleza jurídica, decidiéndose por una que, aunque aceptada mayoritariamente en otras latitudes, es rechazada por la doctrina nacional, cual es, la de entenderla como una auténtica medida de seguridad".

"He recibido el apoyo de la UNAP para desarrollar esta línea de investigación, mediante la autorización y financiamiento de una estancia de investigación en la Universidad de La Coruña (España), facilitando así el fortalecimiento de redes con uno de los principales exponentes de este tema en el ámbito europeo continental, el Doctor José Ángel Brandariz.", afirmó Dufraix.

ZONA TRANSFRONTERIZA

Situando la problemática a nivel nacional, el Doctor Dufraix aclaró que el análisis apunta al control fundamentalmente punitivo que ejerce el Estado respecto del fenómeno migratorio "Habitamos una zona transfronteriza donde el fenómeno de la migración ha adquirido relevancia de cara a las políticas públicas. El punto es saber en qué medida resulta acertado invitar al Derecho Penal para hacerse cargo del control de los flujos migratorios. A partir del 2012, mediante la Ley 20.603, se incluye la expulsión del extranjero que ha cometido delito en Chile al catálogo de consecuencias jurídicas previsto en la legislación. Sin embargo, no queda del todo claro cuál es el propósito perseguido por el Estado con esta medida, y menos si resulta compatible con un Estado que declara proteger derechos fundamentales", resumió.

Opinó: "Desde mi perspectiva, lo que está sucediendo es que el Estado está renunciando a intervenir en el migrante desde una perspectiva resocializadora, procediendo, más bien, a su incapacitación mediante un auténtico mecanismo de exclusión. El por qué se resta al migrante de la posibilidad de reinsertarse al menos genera suspicacias de cara a lo que se ha entendido como el nuevo racismo de este siglo".

En rigor, añadió Dufraix, "buena parte de las expulsiones se han producido en Tarapacá y la Región Metropolitana, en general, por delitos asociados al tráfico de drogas. Al contrario de lo que se cree, los migrantes no suelen cometer delitos que afecten significativamente la tan de moda ‘sensación de inseguridad'. En proporción, son más chilenos que migrantes quienes cometen delitos violentos".

EXPULSIÓN EN
LA LEY 20.603

Acotando el análisis, el Doctor Dufraix precisó que "la expulsión responde a una lógica gerencial, muy propia del mundo anglosajón. Se parte del supuesto de que el delito vino para quedarse, con lo cual lo único que queda es su gestión. De este modo, se procede a diseñar ciertos perfiles de delincuentes y, luego, a reforzar los mecanismos de control respecto de ellos, hasta llegar a su exclusión. El problema viene dado porque a través de dichas técnicas, suelen descuidarse ciertos derechos fundamentales de los sujetos, mediante, por ejemplo, ‘controles preventivos de identidad' en el sector fronterizo. Por otro lado, está demostrado que cuando se refuerzan los mecanismos de control en ciertos sectores, el migrante busca otras vías de ingreso, u otras formas de ingresar, por ejemplo, mediante la falsificación de su identidad, con lo cual se tienden a reproducir y a intensificar los problemas derivados de la exclusión".

Por otra parte, agregó, "casi nadie se cuestiona el negocio que existe detrás de la utilización de tantos mecanismos de control. En el ámbito comparado, los ‘centros de internamiento para extranjeros' son administrados por empresas particulares de seguridad, quienes aumentan sus ganancias en la medida que existan más extranjeros en situación de ser expulsados. Asimismo, no se cuestiona mucho el hecho de que detrás de cuanto control biométrico, por mencionar otro ejemplo, existe una empresa que incrementa sus rentabilidades a costa de una persecución de extranjeros ‘más eficaz'".

-Lo mismo puede decirse de la implementación del misterioso ‘Plan Frontera Norte', supuestamente estructurada para perseguir el narcotráfico, pero altamente funcional para ‘legítimamente' vulnerar derechos fundamentales de los migrantes. Y si esto fuera poco, es el mismo poder quien incrementa sus réditos políticos creando artificialmente a un enemigo a quien hay que combatir. De un tiempo hasta hoy, curiosamente, todos los problemas de inseguridad que atañen a la Región, por ejemplo, se derivan de colombianos, peruanos y bolivianos, y el poder, ‘atento y decidido', toma nota y transmite el mensaje de ‘barrer las calles de delincuencia' mediante la implementación de leyes cada vez más duras-, aseveró el Doctor.

PROYECCIONES

A juicio de Dufraix, "lo más desesperanzador de todo es que actualmente se está discutiendo una nueva ley de migraciones que de cierto modo reproduce las lógicas insertas en la ley de migraciones actual, estructurada sobre la base de una idea de seguridad nacional. Como adelantaba, el proyecto incluye dentro de su normativa lo que se ha llamado Centro de Resguardo de Extranjeros, a través de los cuales se privaría de libertad a los extranjeros que hubieren sido expulsados por una decisión de la Administración, sin siquiera haber cometido un delito".

Recogió, en tal sentido, que "la experiencia comparada no ha sido del todo buena respecto de estos centros. No obstante, el Estado de Chile, a través de este proyecto, los está incluyendo, en circunstancias de que en otros países los están cerrando. Por otra parte, las lógicas de exclusión se mantienen, y en circunstancias sumamente laxas. No existe claridad, cualquier infracción administrativa de mediana gravedad en la que incurriere un migrante podría dar paso a alguna expulsión. De este modo, no se hace más que favorecer las lógicas racistas, asociando el hecho de migrar al delito".

DIFUSIÓN

Por último, el Doctor Dufraix adelantó que a fin de año debiera tener algunos resultados en la investigación. En lo inmediato, agregó que durante el mes de septiembre participará en el Congreso de Criminología titulado "Crises, Economy and Punishment", organizado por el Doctor José Ángel Brandariz, en estrecha colaboración con Máximo Sozzo y con el criminólogo crítico australiano Russell Hogg.

"El objetivo es reunir a varias decenas de investigadores internacionales en materia de penalidad para discutir colectivamente un tema ya clásico para la Criminología crítica: La influencia de la economía en el castigo. Entre otras cosas, el congreso destaca por la participación de exponentes de primer nivel en el ámbito internacional, tales como Jonathan Simon (Berkeley, EE.UU.), Darío Melossi (Bolonia, Italia); Elena Larrauri (Barcelona, España); Patricia Faraldo (A Coruña, España); y los ya mencionados Russell Hogg y Máximo Sozzo", concluyó.