BIENVENID@S
El Observatorio Constitucional del Norte – OBCON de la Universidad Arturo Prat, es un proyecto de vinculación institucional, que tiene como objetivo principal generar un espacio de reflexión acerca del proceso constituyente a través de la entrega de insumos provenientes del ámbito académico.
SOBRE NOSOTROS
El proyecto OBCON nace producto de la iniciativa de académic@s de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat, con el objetivo de ser un aporte a la discusión constitucional de nuestro país, desde una mirada regional. Se encuentra trabajando en líneas propias de historia constitucional chilena, derecho indígena y derechos fundamentales en el contexto socio sanitario.
Podcast de temas en el marco de la discusión constitucional y que forma parte del proyecto de Vinculación Observatorio Constitucional del Norte, de la Universidad Arturo Prat. Este podcast es presentado por Javier Leiva profesor de Derecho Constitucional y director del observatorio.
El presente archivo contiene el articulado completo de cada una de las normas aprobadas por las distintas comisiones temáticas de la Convención Constitucional y aprobadas por el pleno.
Hacemos presente que este articulado se encuentra en proceso de armonización, en el cual tales artículos serán ordenados, pudiendo sufrir posteriores modificaciones en cuanto a su orden final.
El distrito 2 corresponde a la región de Tarapacá con las comunas de Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte.
Según el censo de 2017 está conformada por 243.243 votantes. De acuerdo a las mismas cifras, la participación electoral en los comicios presidenciales del año 2017 fueron de un 38,85% en primera vuelta y un 38,35% en la segunda. (fuente Biblioteca del Congreso Nacional).
La Convención Constitucional es un órgano encargado exclusivamente de la redacción de una propuesta de borrador de una nueva carta fundamental. En la actualidad está conformada por 154 miembros, quienes han sido electos en conformidad a criterios de paridad, representación territorial y con escaños reservados para los pueblos originarios.
Las personas electas como convencionales constituyentes en nuestro distrito son:
Alejandra Flores
(Ind., Independientes de Tarapacá)
Hugo Gutiérrez
(PC, Apruebo Dignidad)
Álvaro Jofré
(RN, Vamos por Chile)
Isabella Mamani
(Cupo pueblo Aimara)
Por Javier Leiva
Director Observatorio Constitucional del Norte
(Gentileza La Tercera.com)
Si bien el proceso constituyente que busca generar una nueva constitución para nuestro país mantiene una autonomía con relación a otros poderes del Estado como el ejecutivo o el legislativo, no es menos cierto que este poder constituyente tiene un marco formal de operación que mantiene límites prestablecidos a su instalación y posterior deliberación entre las y los convencionales electos. Este marco normativo se encuentra descrito en una serie de artículos producto de la última reforma al capítulo XV de la constitución actual.
¿Cuáles son estos artículos?
A continuación transcribimos las partes más relevantes de los artículos que regulan el funcionamiento de la Convención Constitucional en Chile.
El artículo 133 que se denomina Del funcionamiento de la Convención, nos indica cuándo debe comenzar a sesionar la asamblea constituyente y cómo debe distribuir funciones y crear organismos clave como la secretaría técnica:
Dentro de los tres días siguientes a la recepción de la comunicación a que hace referencia el inciso final del artículo 131, el Presidente de la República convocará, mediante decreto supremo exento, a la primera sesión de instalación de la Convención, señalando además, el lugar de la convocatoria. En caso de no señalarlo, se instalará en la sede del Congreso Nacional. Dicha instalación deberá realizarse dentro de los quince días posteriores a la fecha de publicación del decreto.
En su primera sesión, la Convención deberá elegir a un Presidente y a un Vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.
La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio.
La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos.
La Convención deberá constituir una secretaría técnica, la que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional.
Corresponderá al Presidente de la República, o a los órganos que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención.
Es el artículo 134 llamado Del estatuto de los Convencionales Constituyentes, el que nos entrega una explicación sobre cómo se constituyen jurídicamente cada uno de los integrantes de la convención constitucional:
A los integrantes de la Convención les será aplicable lo establecido en los artículos 51, con excepción de los incisos primero y segundo; 58, 59, 60 y 61.
A contar de la proclamación del Tribunal Calificador de Elecciones, los funcionarios públicos, con excepción de los mencionados en el inciso tercero del artículo 132, así como los trabajadores de las empresas del Estado, podrán hacer uso de un permiso sin goce de remuneraciones mientras sirvan a la Convención, en cuyo caso no les serán aplicables lo señalado en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución.
Los Convencionales Constituyentes estarán afectos a las normas de la ley Nº 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés, aplicables a los diputados, y a la ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
Los integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren, recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento.
Luego, es el artículo 135 llamado Disposiciones especiales, el que nos entrega detalles sobre el ámbito de competencia en el funcionamiento de la convención, en otras palabras, nos indica qué funciones debe cumplir:
La Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes.
Mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución en la forma establecida en este epígrafe, esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla.
En conformidad al artículo 5º, inciso primero, de la Constitución, mientras la Convención esté en funciones la soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución.
El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Ya casi cerrando este apartado, es el artículo136 denominado De la reclamación, el que indica un procedimiento bajo el cual se podrán efectuar denuncias por actuaciones que infringan las reglas constitucionales que aplican a la convención:
Se podrá reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención, contenidas en este epígrafe y de aquellas de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención. En ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración.
Conocerán de esta reclamación cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo por la misma Corte para cada cuestión planteada.
La reclamación deberá ser suscrita por al menos un cuarto de los miembros en ejercicio de la Convención y se interpondrá ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días desde que se tomó conocimiento del vicio alegado.
La reclamación deberá indicar el vicio que se reclama, el que deberá ser esencial, y el perjuicio que causa.
El procedimiento para el conocimiento y resolución de las reclamaciones será establecido en un Auto Acordado que adoptará la Corte Suprema, el que no podrá ser objeto del control establecido en artículo 93 número 2 de la Constitución.
La sentencia que acoja la reclamación solo podrá anular el acto. En todo caso, deberá resolverse dentro de los diez días siguientes desde que se entró al conocimiento del asunto. Contra las resoluciones de que trata este artículo no se admitirá acción ni recurso alguno.
Ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo.
No podrá interponerse la reclamación a la que se refiere este artículo respecto del inciso final del artículo 135 de la Constitución.
Con relación a la limitación temporal del funcionamiento de la convención, es el artículo 137, titulado Prórroga del plazo de funcionamiento de la Convención, el que nos entrega el marco temporal de funcionamiento de dicha asamblea:
La Convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de Nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, contado desde su instalación, el que podrá prorrogarse, por una sola vez, por tres meses.
La mencionada prórroga podrá ser solicitada por quien ejerza la Presidencia de la Convención o por un tercio de sus miembros, con una anticipación no superior a quince días ni posterior a los cinco días previos al vencimiento del plazo de nueve meses. Presentada la solicitud, se citará inmediatamente a sesión especial, en la cual la Presidencia deberá dar cuenta pública de los avances en la elaboración de la propuesta de texto de Nueva Constitución, con lo cual se entenderá prorrogado el plazo sin más trámite. De todas estas circunstancias deberá quedar constancia en el acta respectiva. El plazo de prórroga comenzará a correr el día siguiente a aquel en que venza el plazo original.
Una vez redactada y aprobada la propuesta de texto de Nueva Constitución por la Convención, o vencido el plazo o su prórroga, la Convención se disolverá de pleno derecho.
Finalmente, es el artículo 138 llamado De las normas transitorias, el que nos indica la forma bajo la cual se debe insertar el contenido normativo elaborado por la convención, con la institucionalidad vigente en nuestro país:
La Convención podrá establecer disposiciones especiales de entrada en vigencia de alguna de las normas o capítulos de la Nueva Constitución.
La Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial.
La Nueva Constitución deberá establecer el modo en que las otras autoridades que esta Constitución establece cesarán o continuarán en sus funciones.
Por Javier Leiva
Director Observatorio Constitucional del Norte
(Gentileza La Tercera.com)
Si bien el proceso constituyente que busca generar una nueva constitución para nuestro país mantiene una autonomía con relación a otros poderes del Estado como el ejecutivo o el legislativo, no es menos cierto que este poder constituyente tiene un marco formal de operación que mantiene límites prestablecidos a su instalación y posterior deliberación entre las y los convencionales electos. Este marco normativo se encuentra descrito en una serie de artículos producto de la última reforma al capítulo XV de la constitución actual.
¿Cuáles son estos artículos?
A continuación transcribimos las partes más relevantes de los artículos que regulan el funcionamiento de la Convención Constitucional en Chile.
El artículo 133 que se denomina Del funcionamiento de la Convención, nos indica cuándo debe comenzar a sesionar la asamblea constituyente y cómo debe distribuir funciones y crear organismos clave como la secretaría técnica:
Dentro de los tres días siguientes a la recepción de la comunicación a que hace referencia el inciso final del artículo 131, el Presidente de la República convocará, mediante decreto supremo exento, a la primera sesión de instalación de la Convención, señalando además, el lugar de la convocatoria. En caso de no señalarlo, se instalará en la sede del Congreso Nacional. Dicha instalación deberá realizarse dentro de los quince días posteriores a la fecha de publicación del decreto.
En su primera sesión, la Convención deberá elegir a un Presidente y a un Vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio.
La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio.
La Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos.
La Convención deberá constituir una secretaría técnica, la que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional.
Corresponderá al Presidente de la República, o a los órganos que éste determine, prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y funcionamiento de la Convención.
Es el artículo 134 llamado Del estatuto de los Convencionales Constituyentes, el que nos entrega una explicación sobre cómo se constituyen jurídicamente cada uno de los integrantes de la convención constitucional:
A los integrantes de la Convención les será aplicable lo establecido en los artículos 51, con excepción de los incisos primero y segundo; 58, 59, 60 y 61.
A contar de la proclamación del Tribunal Calificador de Elecciones, los funcionarios públicos, con excepción de los mencionados en el inciso tercero del artículo 132, así como los trabajadores de las empresas del Estado, podrán hacer uso de un permiso sin goce de remuneraciones mientras sirvan a la Convención, en cuyo caso no les serán aplicables lo señalado en el inciso primero del artículo 58 de la Constitución.
Los Convencionales Constituyentes estarán afectos a las normas de la ley Nº 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés, aplicables a los diputados, y a la ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
Los integrantes de la Convención, con excepción de los parlamentarios que la integren, recibirán una retribución mensual de 50 unidades tributarias mensuales, además de las asignaciones que se establezcan en el Reglamento de la Convención. Dichas asignaciones serán administradas por un comité externo que determine el mismo Reglamento.
Luego, es el artículo 135 llamado Disposiciones especiales, el que nos entrega detalles sobre el ámbito de competencia en el funcionamiento de la convención, en otras palabras, nos indica qué funciones debe cumplir:
La Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes.
Mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución en la forma establecida en este epígrafe, esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla.
En conformidad al artículo 5º, inciso primero, de la Constitución, mientras la Convención esté en funciones la soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución.
El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Ya casi cerrando este apartado, es el artículo136 denominado De la reclamación, el que indica un procedimiento bajo el cual se podrán efectuar denuncias por actuaciones que infringan las reglas constitucionales que aplican a la convención:
Se podrá reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención, contenidas en este epígrafe y de aquellas de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención. En ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración.
Conocerán de esta reclamación cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo por la misma Corte para cada cuestión planteada.
La reclamación deberá ser suscrita por al menos un cuarto de los miembros en ejercicio de la Convención y se interpondrá ante la Corte Suprema, dentro del plazo de cinco días desde que se tomó conocimiento del vicio alegado.
La reclamación deberá indicar el vicio que se reclama, el que deberá ser esencial, y el perjuicio que causa.
El procedimiento para el conocimiento y resolución de las reclamaciones será establecido en un Auto Acordado que adoptará la Corte Suprema, el que no podrá ser objeto del control establecido en artículo 93 número 2 de la Constitución.
La sentencia que acoja la reclamación solo podrá anular el acto. En todo caso, deberá resolverse dentro de los diez días siguientes desde que se entró al conocimiento del asunto. Contra las resoluciones de que trata este artículo no se admitirá acción ni recurso alguno.
Ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo.
No podrá interponerse la reclamación a la que se refiere este artículo respecto del inciso final del artículo 135 de la Constitución.
Con relación a la limitación temporal del funcionamiento de la convención, es el artículo 137, titulado Prórroga del plazo de funcionamiento de la Convención, el que nos entrega el marco temporal de funcionamiento de dicha asamblea:
La Convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de Nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, contado desde su instalación, el que podrá prorrogarse, por una sola vez, por tres meses.
La mencionada prórroga podrá ser solicitada por quien ejerza la Presidencia de la Convención o por un tercio de sus miembros, con una anticipación no superior a quince días ni posterior a los cinco días previos al vencimiento del plazo de nueve meses. Presentada la solicitud, se citará inmediatamente a sesión especial, en la cual la Presidencia deberá dar cuenta pública de los avances en la elaboración de la propuesta de texto de Nueva Constitución, con lo cual se entenderá prorrogado el plazo sin más trámite. De todas estas circunstancias deberá quedar constancia en el acta respectiva. El plazo de prórroga comenzará a correr el día siguiente a aquel en que venza el plazo original.
Una vez redactada y aprobada la propuesta de texto de Nueva Constitución por la Convención, o vencido el plazo o su prórroga, la Convención se disolverá de pleno derecho.
Finalmente, es el artículo 138 llamado De las normas transitorias, el que nos indica la forma bajo la cual se debe insertar el contenido normativo elaborado por la convención, con la institucionalidad vigente en nuestro país:
La Convención podrá establecer disposiciones especiales de entrada en vigencia de alguna de las normas o capítulos de la Nueva Constitución.
La Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial.
La Nueva Constitución deberá establecer el modo en que las otras autoridades que esta Constitución establece cesarán o continuarán en sus funciones.
